El intervencionismo en el mercado: la ley ‘rider’

En estos tiempos de intervencionismo que vivimos, vamos a repasar en algunos artículos el efecto nocivo que el intervencionismo tiene para la economía. No se tratará de supuestos hipotéticos, sino de actuaciones que el actual Gobierno de la nación ha implantado o quiere implantar en nuestro marco normativo sobre la economía.

Hoy vamos a centrarnos en la ley rider, realmente el RDL 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que entrará en vigor el doce de agosto de este año. Con esta normativa, el sector público impone a las empresas de reparto -principalmente, de comida a domicilio- una relación laboral contractual con sus repartidores, conocidos como riders al repartir la mayoría en bicicleta.

Es una ley que ni la quieren las empresas ni la quieren los repartidores, pues tiene serios inconvenientes para ambos. En primer lugar, para una empresa supone un incremento de los costes, derivado del gasto que le supone la cotización a la Seguridad Social del trabajador que paga la empresa. De esa manera, el gasto se incrementaría en un 30% sobre el salario que tuviese el repartidor. Eso desemboca o bien en una subida de precios, o bien en menos repartidores, o bien en pérdidas para la compañía.

Si suben los precios, los consumidores pueden dejar de utilizar esos servicios, de manera que caería la facturación, disminuirían los beneficios y las empresas tendrían que prescindir de muchos repartidores, que dejarían de tener ingresos por dicha función.

Si se ajusta el incremento de costes con la utilización de menos repartidores, muchos de ellos se quedarían sin ingresos recurrentes, con lo que su situación profesional y económica empeoraría.

Si el aumento de coste lo asume la empresa, probablemente incurrirá en pérdidas o disminuirán los beneficios, de manera que no podrá alcanzar la rentabilidad que exigen los accionistas, teniendo que terminar o por subir precios o por prescindir de repartidores.

Pues bien, eso es lo que está empezando a pasar, al anunciar Deliveroo, una de las principales empresas del sector, que abandona España, al no poder prestar el servicio de la manera que la empresa considera oportuno.

¿Qué sucede con dicha decisión? Que el Gobierno, indirectamente, ha provocado un problema donde no lo había, al introducir una rigidez laboral absurda, que deja sin ingresos recurrentes a alrededor de 2.500 riders o repartidores. El Gobierno argumentaba su decisión en que las condiciones de dichos repartidores eran precarias, al no contar con un contrato laboral, pero son los propios repartidores los que querían seguir como autónomos, porque les permitía obtener más ingresos que con un contrato laboral, al no tener que pagar una cotización a la Seguridad Social tan elevada, e incluso podían trabajar para más de una empresa de reparto -cosa que la nueva normativa les permite, pero con una relación laboral en lugar de mercantil.

Probablemente, además de por demagogia, el Gobierno ha regulado de esta manera para tener mayores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, pero lo único que ha conseguido es expulsar a las empresas de reparto -o a algunas de ellas, al menos, como vemos; dejar sin ingresos recurrentes a muchos repartidores; y disminuir los ingresos a la Seguridad Social, porque no van a tener un incremento de los mismos por relación laboral y van a perder la cotización que esos repartidores tenían como autónomos, al dejar de prestar sus servicios.

Como vemos una vez más, el intervencionismo sólo provoca pérdida de riqueza, de empleo y de prosperidad, especialmente en la parte de la población económicamente más débil.