Al fiscal general de Sánchez sólo le faltó decir «aquí se hace lo que mande el Gobierno»

La reunión de la Junta de Fiscales en la que, por una exigua mayoría, se aprobó pedir la aplicación total de la Ley de Amnistía a todos los delitos del procés en el Tribunal Supremo, estuvo marcada por una enorme tensión como consecuencia de la postura caciquil del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ante la falta de argumentos jurídicos decidió hacer valer su cargo sin prestarse a entrar en mayores razonamientos. De hecho, impidió que los fiscales se expresaran sobre la cuestión prejudicial ante los tribunales de la UE, un asunto clave que el mandado de Pedro Sánchez orilló enseñando sus galones.

En suma, García Ortiz decidió imponerse por la fuerza de su cargo, ofreciendo -según testigos presenciales- una imagen impropia de un hombre de leyes. Todo una impúdica exhibición de prepotencia, que no de sapiencia, para dejar claro que se hace lo que diga Pedro Sánchez, aunque la Ley de Amnistía, en lo relativo al delito de malversación, choque de bruces con la jurisprudencia de la UE. Lo vivido en la reunión de la Junta de Fiscales es el retrato más cabal de la situación que vive el Ministerio Público, tomado al asalto por un Gobierno que ha encontrado en la figura del fiscal general a su perfecto siervo, a un peón de lo más dócil en su plan de asalto institucional. García Ortiz, cuyo horizonte penal es cada más sombrío, lanzó claro el mensaje de que entre la ley y Sánchez él siempre estará junto al presidente del Gobierno: él se rige por el principio de obediencia en lugar de por el principio de legalidad.

Por fortuna, la última palabra no la tiene García Ortiz, sino los jueces del Tribunal Supremo, que no están sujetos a lo que diga Pedro Sánchez, sino a la ley. Al fiscal general, según cuentan, sólo le falto decir aquello que dijo su jefe: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso».