Las feminazis desprestigian al feminismo

Para ponerse en contexto sobre la situación de la mujer en el mundo, basta enunciar dos breves datos: el primero, de los más de 110 millones de menores que en el mundo que no van al colegio, dos terceras partes son niñas; el segundo dato es que la mutilación genital afecta a 130 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, poniendo en riesgo 2 millones de vidas cada año. El mapa de la desigualdad femenina es estremecedor. Las zonas marcadas en rojo sobre dicho mapa –las naciones donde la disparidad es mayor– son países islámicos, dictaduras comunistas y aquellos lugares donde aún perduran los cultos politeístas y chamánicos. Estamos hablando de la mayor parte del planeta.

El reto que en este sentido tiene Occidente por delante es impresionante. Pero el tamaño del desafío no debería desanimar a Europa y Norteamérica a ejercer de punta de lanza y de ejemplo para el resto de países del globo. En este sentido, pocas cosas resultan más dañinas a la causa emancipatoria de la mujer que el discurso feminista radical. Su falta de rigor científico puede tener cabida en sociedades donde la sobreabundancia de bienestar permite replegarse en ficciones al gusto de cada uno. En cambio, cuando se piensa en actuar sobre el terrero, atendiendo a la problemática de millones de niñas y mujeres concretas y reales, que viven en culturas muy distintas a las occidentales postmodernas, el feminismo radical, por su ineficacia, por su falta de praxis social, acaba apuntalando y en última instancia convirtiéndose en complice del status quo que supuestamente dice querer cambiar.

Las boutades feminazis que la concejal del PSOE en el ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) Aurelia Vera Rodríguez lanzó a sus alumnas del IES Santiago de Alcalá suponen un desprestigio para la causa feminista. Con dos agravantes: han sido pronunciadas por una representante pública y, además, lo ha dicho impartiendo clases, dentro de las paredes de un instituto. Así pues, el asunto cobra una derivada penal porque hablamos de la comisión de unos posibles delitos de amenazas, coacciones, injurias, delito de odio y contra los sentimientos religiosos perpetrado por un funcionario público ante menores de edad. Urge investigar.