Dolores Delgado y el fiscal general urden un plan para burlar al Tribunal Supremo

Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, ha sufrido dos reveses por parte del Tribunal Supremo de los que hacen época. Primero anuló su  nombramiento al frente de la Fiscalía de Sala de lo Militar y, unos meses después, derogó su plaza en Memoria Democrática al apreciar incompatibilidad con el despacho jurídico que dirige su pareja, Baltasar Garzón. Que Dolores Delgado fue aupada al cargo de fiscal de sala por las turbias maniobras de su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, es una evidencia subrayada, incluso, por el más alto tribunal, que acusó al responsable máximo del Ministerio Público de desvío de poder. Pocas veces el Supremo se ha mostrado tan contundente a la hora de cuestionar un nombramiento contrario a la ley. La sentencia señalaba que el nombramiento debía votarse de nuevo en el Consejo Fiscal, un órgano en el que Dolores Delgado no suma apoyos para revalidar su cargo.

Sin embargo ha urdido un plan que es la apoteosis de la inmoralidad pública consistente en recusar a los miembros que componen este organismo para invertir así las mayorías. Dolores Delgado pretende apartar mediante una recusación al representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, y a los miembros de la Asociación de Fiscales (AF), Miguel Rodríguez y Beatriz Sánchez Carreras. Casualmente, ninguna de las asociaciones mencionadas está a favor de secundar su nombramiento. Los fiscales han pedido los expedientes de recusación para decidir sobre si deben finalmente apartar a estos vocales y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -en absoluta connivencia con Dolores Delgado-, se ha limitado a enviar una nota a los miembros del Consejo Fiscal en el que asegura que todo se dilucidará este martes.

Dada la manera de proceder del fiscal general es seguro que hará lo más conveniente para Dolores Delgado, de modo que puede darse por seguro que maniobrará para que su amiga y ex jefa conserve su actual plaza.  Toda una manera de burlar el mandato del Tribunal Supremo.