El día en que Iñaki se rió en la cara de todos nosotros

El artículo 14 de la Constitución ha fracasado. “Los españoles son iguales ante la ley” es un mero grupo de palabras carente de significado propio, sin fondo efectivo. Los últimos capítulos del ‘Caso Urdangarin’ demuestran que la diferencia entre la teoría y la aplicación real es oceánica. Al ex duque de Palma sólo le ha faltado salir de la Audiencia haciéndole una peineta a los asistentes y, por extensión, riéndose en la cara de todos los españoles. Un golpe a la credibilidad de la justicia, que aún parece instalada en una época histórica donde ciertos apellidos y procedencias sociales contaban con más consideraciones y prebendas ante los tribunales que el resto de ciudadanos. La decisión de la Audiencia de Baleares provocará un lógico estupor en todo el país. Sin embargo, y nada más lejos de la realidad, Urdangarin no tendrá que abonar un solo euro de fianza para eludir momentáneamente la cárcel. De hecho, podrá vivir en Ginebra y, como si fuera una elección a la carta, será suficiente con que comparezca en el consulado de Suiza el día 1 de cada mes y se le retire el pasaporte.

Una determinación que contrasta con los 200.000 euros de fianza que le solicitaba el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. El ex duque de Palma, por tanto, vuelve a salir airoso después de que el pasado viernes tan solo fuera condenado a seis años de cárcel cuando la Fiscalía solicitaba 19. Entonces como ahora, no sólo llama la atención la benevolencia de la que goza el cuñado del Rey —por no hablar de que la infanta Cristina salió exonerada— además, está el agravio comparativo con respecto a su socio Diego Torres. El que fuera mano derecha de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos fue condenado a ocho años y seis meses de prisión pese a que Horrach solicitaba tres años menos que para el marido de la infanta.

Tras la vistilla de este jueves, y a pesar de que tampoco tendrá que abonar fianza alguna para eludir el presidio —hubiera supuesto una diferencia insostenible— Torres no podrá salir de España. A partir de aquí, la última palabra en este caso la tiene el Tribunal Supremo. Por el bien de España, de su sólida monarquía parlamentaria y de la estabilidad institucional, esperemos que los magistrados actúen con diligencia. Un paso más a la hora de suavizar el castigo a los delincuentes sería echar gasolina al fuego que atizan a diario tanto los populistas de Podemos como los radicales secesionistas de Cataluña y País Vasco.