Cuando pierde la fuerza de la razón por la razón de la fuerza

España no puede permitirse –ya que nuestra economía se apuntala fundamentalmente en el turismo– que los más de 250.000 asistentes que se prevé que visiten Fitur 2019 contemplen el dantesco escenario que ha provocado la huelga de taxis a las puertas de Ifema. Los piquetes, con plena consciencia del perjuicio que ocasiona su protesta contra los VTC, han quemado contenedores para bloquear la entrada principal del recinto ferial, un incidente que ha obligado a los Reyes, don Felipe y doña Letizia, a ingresar en Ifema por una de las puertas laterales. La acción de no permitir el paso al Jefe del Estado a una cita institucional, sea de la naturaleza que sea, encierra una gravedad superlativa y, además, brinda al mundo una lamentable imagen de un país que es caballo ganador a la hora de acoger turistas y respetar los derechos fundamentales.

Recuérdese, además, que el impacto económico de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, no es baladí. Los organizadores estiman que la cita dejará 325 millones de euros en Madrid –y por lo tanto España– gracias al lleno total de los hoteles, así como el buen funcionamiento de las actividades relacionadas con el turismo: los restaurantes, los museos, los comercios y, cómo no, también los taxis. El sector, que es uno de los más beneficiados cuando en España hay citas internacionales como Fitur o ARCOmadrid, entre otras, está perdiendo una importante entrada de ingresos por la tozudez de paralizar una ciudad que requiere de sus servicios.

El sector del taxi, por supuesto, tal y como se contemplan en la Constitución española, tiene reconocido el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses frente a lo que consideran competencia desleal, pero éstos no pueden ir bajo ningún concepto contra el interés común de todos los españoles, ni atentar contra las libertades de todos los ciudadanos. Las reivindicaciones de los taxistas, absolutamente respetables, deben desarrollarse con responsabilidad y sin crear perjuicios en el día a día de los ciudadanos porque, además de derechos, también tienen algunas obligaciones: asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, según reza el artículo 28 de la Carta Magna. Es, sin lugar a dudas, mucho más honorable usar la fuerza de la razón que la razón de la fuerza.