La corte del Faraón

España arde por varios costados, el verano aprieta, hemos tenido eclipse, las alarmas se administran por fascículos y la política nacional continúa ofreciendo su habitual espectáculo de feria ambulante. Pero agosto tiene una virtud extraordinaria: mientras el español medio busca una sombrilla libre, compara el precio de la gasolina y descubre que una habitación con vistas al aparcamiento ya se comercializa como experiencia premium, el poder también se va de vacaciones.

Y el poder, naturalmente, no veranea como usted.

El poder se desplaza.

Pedro Sánchez no se marcha unos días. El presidente del Gobierno realiza un movimiento estratégico de descanso acompañado por esa pequeña corte republicana que exige la condición de faraón democrático: seguridad, vehículos, comunicaciones, personal, logística y, cuando procede, el inevitable aparato del Estado. Todo perfectamente institucional, suponemos. Porque cuando aparece la palabra seguridad, al contribuyente se le invita amablemente a cerrar la boca y abrir la cartera.

Que el presidente tenga vacaciones no debería escandalizar ni al más recalcitrante de sus adversarios. Incluso los presidentes necesitan descansar. Gobernar España debe ser agotador, especialmente cuando hay que explicar cada mañana que todo marcha estupendamente pese a la obstinación de la realidad en llevar la contraria.

El problema no son las vacaciones.

El problema es la corte.

Porque existe una frontera bastante sencilla entre proteger al presidente del Gobierno y subvencionar el descanso privado de quien temporalmente ocupa la presidencia. Y esa frontera debería estar dibujada con números, criterios y transparencia, no con incienso institucional.

¿Quién paga qué?

Pregunta vulgar, lo reconozco. Muy de autónomo. Muy de señor que conserva los tickets.

Pero resulta pertinente.

Cuando usted se marcha a Marbella, Benidorm o a casa de su cuñado en Torrevieja porque la inflación también tiene sentido del humor, paga gasolina, alojamiento, comidas y hasta ese gin tonic de 16 euros que le provoca una crisis constitucional doméstica. El presidente, en cambio, necesita por razón de su cargo un dispositivo de seguridad y capacidad permanente para ejercer sus funciones. Hasta ahí, impecable.

Ahora bien, ¿dónde termina el gasto institucional y comienza el privado?

Ahí aparece el misterio de la pirámide.

Porque el contribuyente debería poder conocer, con las limitaciones justificadas que imponga la seguridad, cuánto cuestan esos desplazamientos, qué medios públicos se utilizan, qué parte responde al ejercicio de funciones presidenciales y cuál corresponde al disfrute estrictamente particular.

No parece una extravagancia bolchevique. Ni siquiera liberal.

Se llama rendir cuentas.

Pero en España hemos desarrollado una curiosa doctrina constitucional no escrita según la cual determinadas preguntas se consideran de mal gusto. Preguntar cuánto cuesta algo público parece haberse convertido casi en una falta de educación. Uno debe pagar impuestos con entusiasmo escandinavo y preguntar por su destino con discreción monacal.

Y luego está el Falcon.

¡Ah, el Falcon!

Ese pájaro mitológico de la política española que, dependiendo de quién gobierne, es una herramienta imprescindible del Estado o la carroza de Cenicienta con motores. Aquí todos hemos padecido repentinas conversiones teológicas. Los que ayer fiscalizaban cada despegue descubren hoy las complejidades de la seguridad presidencial; y quienes entonces defendían cualquier vuelo como cuestión de Estado se transforman ahora en interventores de Hacienda.

España, siempre coherente.

Y en medio de este espectáculo, uno empieza a pensar que quizá lo único que falta es que Pedro Almodóvar se ponga detrás de la cámara. Porque material no falta: un presidente de vacaciones, un séquito presidencial, un Falcon, ministros que aparecen y desaparecen, oposiciones de verano y un país entero haciendo cuentas para pagar el apartamento. Todo ello tiene ese punto de tragicomedia nacional en el que nadie sabe muy bien si está viendo una película, un documental o simplemente el telediario.

Almodóvar tendría, además, un problema serio con el guion: la realidad española ya viene escrita con demasiados personajes.

Y siempre podría entrar en escena Jesús Calleja, dispuesto a convertir el desplazamiento presidencial en una aventura extrema: «Hoy acompañamos al presidente en una expedición inédita por los territorios más peligrosos de España: la factura pública, la transparencia y una pregunta que ningún aventurero ha conseguido responder todavía: ¿cuánto cuesta exactamente la expedición?».

Sería un programa apasionante.

—Pedro, ¿qué llevas en la mochila?

—Seguridad, comunicaciones, escoltas y medios del Estado.

—¿Y cuánto cuesta?

Silencio.

Cambio de plano.

Atardecer.

Música épica.

Y Calleja mirando a cámara: «Esto se nos está complicando».

Porque la cuestión, sin embargo, es mucho menos partidista: los medios públicos no pertenecen al Gobierno de turno. Pertenecen al Estado y los paga el ciudadano.

Por eso defender lo público debería consistir también en vigilarlo. Porque hay una izquierda curiosísima que proclama su amor infinito por el dinero público hasta que alguien pregunta cómo se gasta. Entonces el contribuyente pasa de héroe fiscal a sospechoso ideológico.

Y no.

Preguntar no es de derechas.

Preguntar es de quien paga.

Mientras tanto, el españolito prepara sus vacaciones con una aplicación de reservas abierta, otra de gasolineras baratas y una calculadora. El apartamento cuesta un 20% más, el restaurante se ha puesto estupendo y aparcar junto a la playa exige ya prácticamente financiación hipotecaria. Cuatro días, dos niños y tres cenas fuera pueden acabar necesitando autorización del Banco Central Europeo.

En la otra orilla está el faraón.

No porque Pedro Sánchez sea el primero ni necesariamente el único presidente beneficiado por los medios inherentes al cargo. Precisamente por eso convendría establecer reglas transparentes para todos. Hoy Sánchez, mañana quien venga. Porque los gobernantes pasan, aunque algunos desarrollen cierta resistencia emocional a aceptar semejante vulgaridad histórica.

Lo verdaderamente democrático sería conocer qué gastos son inevitables por seguridad, cuáles corresponden al ejercicio de la Presidencia y cuáles, si los hubiera, deberían asumir personalmente quienes disfrutan de actividades privadas.

Sin revelar dispositivos sensibles. Sin poner en riesgo a nadie. Sin demagogia.

Pero con cuentas.

Porque una democracia adulta no puede funcionar bajo el principio de «usted pague y no pregunte».

Eso funcionaba estupendamente en las cortes antiguas. El monarca viajaba, los cortesanos acompañaban, el tesoro pagaba y al campesino le correspondía la emocionante tarea institucional de seguir arando. Cinco siglos después hemos cambiado el cetro por el argumentario, los carruajes por coches oficiales y los heraldos por asesores de comunicación.

Ahora tenemos además a Almodóvar para imaginar la película y a Calleja para intentar sobrevivir a la expedición.

Pero la pregunta continúa siendo peligrosamente parecida: ¿quién paga la corte?

Que el faraón descanse, faltaría más. Que disfrute del verano, contemple el eclipse y regrese con fuerzas para seguir salvándonos.

Pero cuando termine agosto, alguien debería enseñarnos la cuenta.

Porque una cosa es proteger al presidente.

Y otra muy distinta, que entre todos, le pongamos también la sombrilla.