Ya ha tardado, porque este Gobierno lleva haciéndolo desde el primer día, pero al menos ha servido para retratar al Ejecutivo socialcomunista: la Comisión Europea, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2023, ha denunciado los ataques que se han producido contra los jueces en España por parte de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo ha hecho apuntando claramente: «El Consejo General del Poder Judicial y otras partes interesadas expresaron su preocupación por las declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el Poder Judicial. En el transcurso de 2022 han continuado las declaraciones públicas de políticos, incluidos miembros del Gobierno, criticando al Poder judicial», indica la Comisión Europea. Otras veces, la institución comunitaria había criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por este motivo, pero de forma mucho más taimada y ambigüa. Ahora, por fin, se ha atrevido a señalar con el dedo. Y es que el Ejecutivo, para librarse de la polémica desatada por los perniciosos efectos del bodrio de la ley del ‘sólo es sí’, hizo lo de siempre, pero de forma más coral: acusar a los jueces de machistas y de carecer de perspectiva de género. Y todo por cumplir la ley y aplicar la norma del Ministerio de Igualdad que rebajaba las condenas a los agresores sexuales. El CGPJ y las cuatro principales asociaciones de jueces publicaron comunicados de prensa condenando dichas declaraciones, recuerda ahora Bruselas en su informe.

La Comisión subraya que las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno socavan la confianza en el Poder Judicial, pues «si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, el Poder Judicial debe gozar de la confianza del público para tener éxito en vista de su papel especial en la sociedad. Esto es particularmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales», señala el informe.

El tirón de orejas de Bruselas al Gobierno es más que evidente, pero se admiten apuestas: ¿Sánchez se dará por aludido o, como viene siendo habitual, acusará a la Comisión Europea de formar parte de una conspiración contra su persona?