Confecomerç: el último tapado del Botànic

Sabido es que Salvador Navarro, otrora poderoso presidente de la CEV urdida en el Botànic, no era un personaje querido en Alicante. Llegó a tal punto, que en algunos de los cenáculos intelectualmente más solventes de la provincia rebelde propusieron declararle persona non grata.

La sorpresa fue descubrir, cuando convocó elecciones en 2025, que este no era un episodio más de la telenovela entre Alicante y Valencia y que tots a una veu le mostraran su rechazo.

Bastó insinuar la candidatura de Vicente Lafuente para que tanto Salvador Navarro como su secretaria general, la olvidable Esther Guilabert, que nunca supo estarse en sitio, se desprendieran como costra vieja. Los pocos ninots alicantinos que les habían secundado, encabezados -o mejor: descabezados- por Joaquín Pérez de Neumáticos Soledad, un socialista de Harley Davidson, o la siempre hipertrófica Nuria Montes, ardieron como cartón viejo cuando el Botànic perdió las elecciones en mayo de 2023.

Pero Salvador Navarro tenía un tapado, Confecomerç, la Confederación empresarial del comercio, presidida por Rafael Torres, un tecnócrata a sueldo, que compartía el designio del amado líder: destruir la autonomía patronal de las provincias, para concentrar el poder –y la pasta- en el Kremlin cuatribarrado. La troika formada por Navarro, Guilabert y Torres diseñó un plan, como el de los 5 días de Pedro Sánchez, contra el disidente Carlos Baño, presidente de FACPYME y de la Cámara de Comercio de Alicante.

En primer lugar, lo expulsaron de la junta directiva de CEV Alicante. Para ello bastó una excusa formal, pues es sabido que los déspotas torpes se sirven de las ordenanzas. Fue todo un ejemplo de cómo interpretan las palabras con las que se llenan la boca los progres de salón: diálogo, moderación, vertebración y espíritu democrático. Buenas palabras encerradas en mal pellejo.

En segundo lugar, captaron a Ana Gosálvez, gerente de FACPYME y sobrina de Juan Ramon Gil, editorialista del diario Información. El fichaje no era inocuo: esta Gosálvez, recientemente despedida, era a la sazón la responsable de las campañas de bono consumo subvencionadas por la Diputación de Alicante que, como consecuencia de una «denuncia anónima», dieron lugar a la apertura de un procedimiento penal contra FACPYME y su presidente. Ni que decir tiene que el diario Información tuvo pleno acceso a los escritos de la Fiscalía Anticorrupción para sacar en portada a Carlos Baño en Comisaría.

El bono-consumo era un programa público subvencionado para incentivar las compras en el pequeño comercio, liderado por Confecomerç a través de una sociedad instrumental denominada FER COMERÇ SOCIEDAD LIMITADA, de la que es presidente el propio Rafael Torres.

FACPYME hizo tres campañas tuteladas por Confecomerç en la época del Botànic y luego decidió importar el modelo a la provincia de Alicante. El conflicto surgió cuando se negó a pagar a Confecomerç el porcentaje que esta reclamaba de todas las campañas de bonos subvencionadas por la Diputación de Alicante, alegando ser la «autora intelectual» del convenio.

Lo que siguió es conocido: por la trayectoria de la piedra (la denuncia anónima) es posible determinar a quién pertenece la mano que se esconde. La instrucción penal que se tramita en Alicante está basada en un desconocimiento vergonzante de la normativa por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que adoptó medidas injustificadamente lesivas contra el presidente de FACPYME. Sin embargo, si esta estructura era contraria a ley, y si la ley es igual para todos, solo cabe pensar que pronto se iniciaran las investigaciones oportunas sobre la mercantil FER COMERÇ S.L de CONFECOMERÇ. La historia, por tanto, no ha acabado.