El cambio climático no firma expedientes

Cuando acontece una tragedia, apenas han terminado las labores de rescate, todavía hay familias buscando respuestas y las administraciones ni siquiera han reconstruido la secuencia de los hechos; ya aparece el primer diagnóstico oficial, presentando al cambio climático como máximo responsable y comenzando así el alivio de muchos responsables políticos. Cuando el cambio climático lo explica todo, la política deja de responder por nada.

El objetivo pasa por cambiar el escenario del debate, dejar de hablar de decisiones para hablar de fatalidades y asignar la culpabilidad exclusiva al clima, evitando así las incómodas explicaciones de por qué no existía una infraestructura, por qué un cauce llevaba años sin mantenerse, por qué un monte acumulaba toneladas de combustible vegetal o por qué una alerta llegó tarde. No hay mejor refugio político que un fenómeno atmosférico.

El cambio climático se ha convertido en el gran comodín de nuestro tiempo. Sirve para justificar incendios, inundaciones, sequías y cualquier otra emergencia. Es una explicación tan amplia que, en ocasiones, parece sustituir al análisis de lo verdaderamente importante acerca de qué estaba en manos de quienes gobernaban y qué dejaron de hacer. Porque hasta donde sabemos, la naturaleza no comparece en una comisión de investigación ni aprueba presupuestos ni coordina emergencias. Eso es competencia de los gobiernos.

España conoce bien los incendios forestales, las lluvias torrenciales en el Mediterráneo o los largos periodos de sequía. Pero no se debe olvidar que, más allá del clima, ha cambiado el territorio. Se han abandonado explotaciones agrícolas, ha disminuido la gestión forestal en muchas zonas, se han retrasado infraestructuras estratégicas y demasiadas actuaciones preventivas han quedado atrapadas entre informes, recursos y burocracia. Y así, reducir todo ese entramado a una única explicación meteorológica simplifica la realidad, pero, flagrantemente, empobrece el debate público.

Durante años hemos asistido a un incesante aumento de planes climáticos, declaraciones institucionales, estrategias de descarbonización y compromisos internacionales. Todo ello puede formar parte del debate político, pero lo que resulta más difícil de entender es que ese despliegue de objetivos conviva, al mismo tiempo, con montes abandonados, cauces sin mantener, infraestructuras pendientes durante décadas y sistemas que solo parecen revisarse cuando ya se ha producido la tragedia.

Estamos ante la consolidación de esa peligrosa cultura política que abraza la exoneración constante, donde cuanto mayor es la responsabilidad de una administración, mayor es la tentación de atribuir el desastre exclusivamente a un fenómeno global sobre el que nadie puede actuar de manera inmediata.

Se configura así un relato cómodo, donde el clima lo explica todo y la gestión deja de importar y, por ende, carece de importancia quién gobierna. Si da igual cómo se gestione un monte, una cuenca hidrográfica o una red de emergencias, la rendición de cuentas desaparece del debate democrático. Ése es, precisamente, el fondo de la discusión que hoy está en la calle a colación del trascendental incendio de los Gallardos en Almería, que ya se ha cobrado la vida de 13 víctimas.

Frente a la elección per se de la gran masa política, otros, como los de Abascal, muestran su rechazo de manera frontal al comodín del cambio climático y su uso como coartada política permanente para eludir responsabilidades que sí son plenamente exigibles a quienes gobiernan.

Más sentido común y menos ideología. El cambio climático no puede seguir siendo el salvoconducto político para justificar otro fracaso gubernamental más.