Una cadena delictiva de filtraciones: García Ortiz, Óscar López… Pedro Sánchez
El horizonte penal del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, pende de un hilo después de que el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, haya sido citado a declarar como testigo por el juez del Tribunal Supremo que investiga la actuación del imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la revelación de secretos vinculado al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Lobato fue instado por Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, a utilizar en un pleno en la Asamblea de Madrid el correo electrónico enviado por la defensa de la pareja sentimental de la presidenta madrileña, email que le fue enviado por la Fiscalía General para utilizarlo como arma política contra Ayuso. Si García Ortiz está imputado por filtrar dicho documento -la UCO ha confirmado que el fiscal general tuvo un papel preeminente en la filtración-, parece obvio que Moncloa también filtró el correo enviado desde el Ministerio Público, algo sencillo de comprobar cuando Lobato lleve al juez la prueba que presentó ante un notario -el documento que le envió la jefa de Gabinete de Óscar López-.
Como resulta inverosímil que el correo que Presidencia del Gobierno mandó a Lobato no contara con el consentimiento expreso de López, el actual ministro se encuentra en una difícil situación. El cerco se estrecha: el fiscal general, imputado y en una situación cada vez más compleja, y la mano derecha de Sánchez, Óscar López, hoy flamante ministro, contra las cuerdas. El asunto de la filtración se ha envenenado para un Gobierno que, acosado por todos los frentes, ha emprendido una peligrosa huida hacia adelante sin respetar a nada ni a nadie. El comportamiento ya es propio de una organización mafiosa. Y en la cúspide de esta bochornosa y delictiva cadena de filtraciones está el mismísimo Pedro Sánchez, la X de un caso que puede ser la puntilla para el presidente del Gobierno.
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