Bruselas teme que veamos lo que pasa en Ceuta
Últimamente, uno puede estar tranquilo con Bruselas: ante cualquier crisis reaccionará con la medida más estúpida, ineficaz y totalitaria de todas las posibles, como el hilillo de plástico que mantiene el tapón unido a la botella de plástico. Y la invasión marroquí de Ceuta no es una excepción. La Unión Europea ha respondido como un adolescente compulsivo, recurriendo a Facebook y TikTok.
Porque en esto Europa se parece cada día más a una dama victoriana, más preocupada por el qué dirán que por ninguna consideración práctica. Bruselas está preocupada por la «desinformación» sobre Ceuta y ha acordado con ambas plataformas reforzar la vigilancia y la verificación de contenidos relacionados con la crisis migratoria, no vaya a ser que la gente piense por su cuenta. También ha habilitado un canal específico de cooperación con los llamados verificadores para detectar rápidamente los contenidos sospechosos y reducir su difusión. Cuando el reflejo condicionado de una institución es prohibir y ocultar, mal vamos.
Es inquietante que Bruselas convierta una crisis fronteriza en un problema de «desinformación», porque el problema de Ceuta no está precisamente en que se haya «malinformado». Decenas de miles de personas se saltaron la frontera a la torera en apenas dos días. Hubo muertos, desaparecidos, menores desbordando los centros de acogida y una ciudad de 80.000 habitantes tratando de absorber de golpe una población adicional equivalente a una parte considerable de sus vecinos.
Eso no es un bulo, lo hemos visto todos y los ceutíes siguen viviéndolo. Pero lo que hizo la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, fue reunirse inmediatamente con Meta y TikTok para reclamarles que «actúen con decisión», aumenten la vigilancia y estrechen su cooperación con los verificadores. Las compañías han aceptado reforzar sus mecanismos de comprobación de contenidos.
Bruselas da toda la impresión de que lo gordo en Ceuta no es que el marroquí la invada, sino que todo el mundo pueda verlo.
La Unión Europea tiene una curiosa concepción de las fronteras. La que separa Ceuta de Marruecos puede ser atravesada por decenas de miles de personas y la primera reacción europea consiste en recordarnos las dificultades de controlar los flujos migratorios, la necesidad de cooperación con los países de origen y tránsito y la conveniencia de abordar las causas profundas de la inmigración. La frontera que separa la información correcta de la «desinformación», en cambio, merece vigilancia, protocolos de emergencia, verificadores y reuniones urgentes con las mayores compañías tecnológicas del planeta. Para esa frontera sí hay guardias.
El problema de la palabra «desinformación» es que empezó designando una cosa bastante sencilla —información deliberadamente falsa— y ha terminado convertida en un concepto extraordinariamente elástico y esencialmente ideológico: desinformar es informar de lo que no quieren que se sepa. Y, sobre todo, que no nos hagamos preguntas, que no se establezca un debate público: ¿Fue incapaz España de defender su frontera? ¿Utiliza Marruecos la inmigración como instrumento de presión? ¿Existe efecto llamada? ¿Es sostenible la actual política migratoria europea? ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno?
Y ahí empieza el peligro de haber entregado a gobiernos, plataformas y una industria de verificadores la capacidad de decidir qué contenidos necesitan ser «reducidos», qué narrativas son perjudiciales y qué información puede contribuir a una crisis.
No hace falta que Ursula von der Leyen telefonee personalmente a Mark Zuckerberg para ordenarle borrar un vídeo. La censura del siglo XXI no necesita un funcionario con lápiz rojo. Basta un ecosistema de normas, protocolos, algoritmos, verificadores y grandes empresas sometidas a una presión regulatoria gigantesca para que todos sepan qué contenidos conviene mirar con especial atención.
La paradoja de Ceuta resulta especialmente grotesca porque la propia Unión Europea reconoce desde hace años que la frontera española con Marruecos es también una frontera exterior europea. Y Europa conoce perfectamente el precedente. En 2021, cuando entre 8.000 y 9.000 personas entraron en Ceuta durante la crisis diplomática con Rabat, el Parlamento Europeo llegó a hablar de «chantaje» marroquí. Cinco años después han sido 72.000.
Quizá por eso convenga mirar mucho las imágenes. Mirarlas sin intermediarios, sin verificadores y sin que nadie nos explique previamente qué debemos concluir de ellas. Ver a miles de personas entrando, las playas abarrotadas, los centros de acogida desbordados y una frontera exterior europea que durante unas horas prácticamente dejó de existir.
Después podremos discutir las causas, las responsabilidades y las soluciones. Incluso podremos equivocarnos. Eso se llamaba antes libertad de opinión. Bruselas parece cada vez más convencida de que el problema no consiste únicamente en lo que ocurre, sino en lo que los ciudadanos pueden llegar a pensar cuando lo ven. Y Ceuta se ve demasiado.
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