Barcelona necesita un sheriff, no lazos amarillos

Barcelona se ha convertido en una copia mediterránea de Dodge City, una villa sin ley del Far West en la que la delincuencia campa a sus anchas. Porque el deterioro de la seguridad no se ejemplifica solo en la reciente muerte violenta de la viceministra de Cultura de Corea del Sur tras un intento de robo. En el último año la crónica de sucesos se ha convertido en el género informativo más destacado de la actualidad de la capital catalana.

Cuando no se respeta el principio de legalidad, el siguiente paso es la ley del más fuerte. Cuando desde el gobierno municipal de Barcelona se deslegitima a las instituciones democráticas de España, cuando se es cómplice de los que han intentado dar un golpe de Estado, cuando se ataca a los cuerpos de seguridad, la autoridad se deteriora y los delincuentes toman nota. Por no hablar de los radicales secesionistas de Arran que le han tomado gusto a atacar buses turísticos y hoteles siguiendo la estela de la campaña anti visitantes de Ada Colau y sus ‘comunes’. No hay nada mejor para los malhechores que una ciudad con la policía desmotivada y los poderes públicos en plena descomposición.

Si los barceloneses se están organizando en patrullas urbanas es por algo. De momento, solo lo han hecho en el Metro, para combatir una plaga de carteristas que está esquilmando a los vecinos y a los turistas. Pero si no se toman medidas eficaces el siguiente paso será organizar partidas por las calles. Uno de esos oportunistas de manual, el secesionista-colauista Tito Álvarez, ya está promoviendo una plataforma llamada ‘Salvalona’. Tras armar la bronca en la calle con las huelgas de taxi, su siguiente excusa será la falta de seguridad.

Ada Colau se dedicó, desde su llegada a la alcaldía en 2015, a combatir a la Guardia Urbana. Tanto ella como sus principales apoyos políticos, forjados en la lucha callejera contra los cuerpos policiales, decidieron que su principal enemigo no eran los que se saltaban las leyes, sino los agentes uniformados que tenían que hacerlas cumplir. Olvidó que ya no era una activista, sino la responsable del bienestar de más de un millón y medio de barceloneses. Que podía destinar el máximo de recursos municipales a políticas sociales para cumplir su programa electoral, pero sin descuidar el orden público. No son temas incompatibles.

Si olvidas esto, y persigues políticamente a la Guardia Urbana, dando vía libre a tus apoyos mediáticos y sociales para que deslegitimen la acción de tu Policía; si proteges más a los manteros que a los agentes del orden; si pones lazos amarillos en tu balcón dando a entender que España no es una democracia; si deslegitimas continuamente el papel de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; en resumen, si renuncias a tu papel de poder público, y decides que el principio de autoridad no es defendible, entonces estás creando el caldo de cultivo para que los delincuentes y los alborotadores vean que tienen una oportunidad de oro.

Y es que con un abogado antisistema como Jaume Asens y un activista anti-todo como Gerardo Pisarello como hacedores del poder municipal en la anterior legislatura, nada podía ir bien en materia de seguridad. Para intentar solucionar todo este guirigay delincuencial Ada Colau, o mejor dicho sus aliados del PSC, han nombrado a un nuevo sheriff. Se llama Albert Batlle, y será teniente de alcalde de Seguridad. Experiencia no le falta, dado que fue el máximo responsable de las prisiones catalanas y posteriormente de los Mossos d’Esquadra.

Batlle, que antaño fue socialista pero ahora forma parte de los aliados democristianos del PSC, tiene una misión casi imposible: conseguir que en Barcelona se respeten las leyes. Para ello lo primero que debería hacer es convencer a Ada Colau que deje de apoyar a unos “presos políticos” que solo existen en su imaginación. Si no respetas a las otras instituciones, y las retuerces a tu conveniencia, no puedes esperar que los delincuentes te tomen en serio. Ni los delincuentes, ni los agentes que cada día se han de partir la cara en las calles para combatir el crimen.

Después, Batlle ha de convencer a sus antiguos subordinados, los mandos de los Mossos d’Esquadra, que dejen de jugar al partidismo secesionista y a “construir República”, y que se dediquen a su principal labor, la de garantizar la seguridad en las calles. Porque en los últimos años la prioridad de la cúpula de la policía autonómica catalana no ha sido proteger a los ciudadanos, sino de ejercer de cuerpo armado del golpe de Estado.

La pregunta es, ¿podrá Batlle, que fue alto cargo de la Generalitat en la fase álgida del ‘procés’, bajo los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, hacer esta labor? O, mejor dicho, ¿querrá hacerla? Hay que darle cierto margen de confianza, porque al menos tuvo la dignidad de dimitir dos meses antes del 1-O, y es cierto que discrepó de muchos excesos de sus jefes en la consejería de Interior. Además, Jaume Collboni, su jefe de filas en el gobierno municipal, nunca ha sido secesionista. Ojalá así sea, porque es la última esperanza de evitar que Barcelona se convierta en el Chicago de Al Capone.