Los ayuntamientos madrileños pagan el caos de la regularización del Gobierno

A estas alturas, parece evidente que la regularización masiva de inmigrantes decretada por el Gobierno ha provocado el caos que desde hacía meses se venía advirtiendo y, lo que es peor, amenaza con convertirse en una bomba de relojería social. Y es que lo que ha hecho el Gobierno es lo de siempre: descargar sobre los ayuntamientos la tramitación de una norma que está colapsando los servicios sociales en Madrid y que ya provoca graves retrasos en la atención de distintos consistorios a las familias más necesitadas.

Y todo porque las labores de tramitación de la regularización de inmigrantes obligan a los ayuntamientos a una carga de trabajo que se traduce en la desatención de otras obligaciones por falta de personal. O sea, que la norma del Ejecutivo amenaza con paralizar la gestión cotidiana de los ayuntamientos, provocando retrasos y deficiencias en los servicios básicos.

En localidades como Valdemoro, las citas de primera atención van a sufrir un retraso de 15 días, algo que van a pagar las familias más necesitadas. Y es que no hay manera de tratar de dar respuesta a la regularización de inmigrantes y, a la vez, prestar servicio con normalidad en otras áreas. «Los profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdemoro no pueden emitir documentos públicos sin el rigor administrativo que ello requiere. Sin embargo, parece que el Gobierno considera que los inmigrantes son objetos a repartir, pero son personas y no se da abasto para poder atenderles en condiciones», lamenta David Conde, regidor de este municipio de Madrid.

Y para colmo, no hay ayuda alguna económica del Gobierno, que exige a los ayuntamientos asumir una carga extraordinaria de trabajo sin ninguna contrapartida. En resumen: paren una norma que es un disparate y, de un día para otro, obligan a los ayuntamientos a realizar unos trámites caóticos que de hecho paralizan la actividad cotidiana de los consistorios. Y Sánchez, entretanto, se lava las manos.