Las ayudas del Gobierno se perdieron en paraísos fiscales

El Tribunal de Cuentas ha dibujado un panorama desolador en su último informe sobre la gestión de las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial durante la pandemia, porque lo que tenía como objeto sostener a pequeñas empresas y autónomos terminó por convertirse, por falta de controles, en un fraude de considerables dimensiones. ¿Dónde fueron las ayudas? Pues en no pocos casos a paraísos fiscales. De modo que todo ese escudo social del que se jactó el Gobierno de Pedro Sánchez para sostener el tejido empresarial tenía un montón de agujeros, por los que se perdió el dinero. Por supuesto que la culpa es de quien defrauda, pero también es cierto que los filtros del Ejecutivo fallaron más que una escopeta de feria.

Tampoco puede sorprendernos, porque este Gobierno fue el que, con la excusa de la pandemia, rescató a Plus Ultra, la empresa de los amigos de Zapatero que también terminó derivando parte de los 53 millones de euros recibidos a paraísos fiscales. El informe del órgano fiscalizador del Estado concluye en su informe que el ICO no llegó a invalidar operaciones concedidas a empresas con matrices radicadas en territorios considerados paraísos fiscales, pese a las restricciones aprobadas para evitar que este tipo de sociedades pudieran beneficiarse de ayudas públicas financiadas con dinero de los contribuyentes.

En suma, que una parte de los 140.000 millones de euros en financiación bancaria, con garantías públicas superiores a los 100.000 millones, se perdieron en tierras lejanas por la sencilla razón de que los sistemas de comprobación y seguimiento del ICO fueron un desastre. Ahora, la pregunta es obvia: ¿Y dónde está el dinero? Pues tostándose al sol en paraísos perdidos. Tampoco puede exigírsele al ICO que extremara los controles cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se saltó todos los controles y criterios para regalarle el dinero de los españoles a la organización criminal que presuntamente contrató a José Luis Rodríguez Zapatero.