Asalto socialcomunista a la propiedad privada en Baleares

La decisión del Gobierno socialcomunista de Baleares, que preside la socialista Francina Armengol, de expropiar 56 viviendas sienta un gravísimo precedente y pone en jaque el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución. Se trata de un asalto en toda regla a un derecho fundamental, por mucho que el Ejecutivo balear lo enmascare con el falaz argumento de que existirá una contrapartida o compensación económica y que su objetivo es sacar a las viviendas expropiadas del «mercado especulativo».

El Gobierno socialcomunista se acoge a la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, aprobada en el Parlamento balear, con el apoyo del PSOE, Podemos y los nacionalistas de Mas, una norma autonómica que consagra la confiscación y representa un atentado al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Lo que ha hecho el Ejecutivo de Francina Armengol es simple y llanamente un robo bajo una falsa apariencia de legalidad, por lo que es de esperar que el Tribunal Constitucional tumbe una medida más propia de regímenes populistas como Venezuela. Lo malo es que cuando eso se produzca los responsables políticos de esta tropelía se irán de rositas. Deberían responder con su patrimonio de los daños causados, que es la única manera de hacerles entrar en razón.

El riesgo es que el peligroso laboratorio de ideas de la factoría socialcomunista balear se extienda y que Podemos presione a Pedro Sánchez para que siga por el mismo camino. En ese sentido, los intentos de la formación morada de impulsar una ley que fije los precios máximos del alquiler resulta inquietante, pues también representa un atentado a la propiedad privada, a la vez que un disparate económico: alterar las leyes del mercado sólo provocará que baje la oferta de pisos en alquiler y se dispare la demanda, con el consiguiente alza de precios y el riesgo de que se cree un mercado negro. El socialcomunismo, ante su incapacidad para impulsar un plan de vivienda pública, recurre a lo más fácil: atentar contra la propiedad privada, que es tanto como descargar su supina incompetencia sobre los titulares privados. Puro comunismo.