Asalto socialcomunista al modo Maduro en Ciempozuelos

Asalto socialcomunista al modo Maduro en Ciempozuelos
Asalto socialcomunista al modo Maduro en Ciempozuelos

El PSOE de Ciempozuelos, localidad madrileña donde gobierna, ordenó el pasado 3 de enero entrar -allanar o violar, sería más correcto- la sede de Vox en el Ayuntamiento. Las dependencias de Vox albergaban documentación política y contaban con un equipo informático con acceso a Internet y al mail corporativo de todo el partido. Al más puro estilo chavista, el Ayuntamiento socialista entró sin avisar en el despacho, sin estar presente ninguno de los concejales que forman el Grupo Municipal, ocupándolo sin mayores explicaciones en lo que representa un delito evidente.

Lo más grave es  que había «documentación política» que quedó expuesta al equipo de gobierno municipal sin que nada ni nadie pudiera evitarlo ni vigilarlo. Lo cierto es que la situación de indefensión de Vox es absoluta, porque quedaron al descubierto datos que han podido ser sustraídos o fotocopiados. Los papeles estaban revueltos y cambiados de sitio, prueba evidente de que el interés de los asaltantes era buscar documentación. La ley deja claro que los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. Y la ley, obviamente, no permite que quien gobierne en el Ayuntamiento practique el allanamiento. Eso es propio de dictaduras.

El PSOE tendrá que dar una explicación y responder ante los tribunales -el caso está siendo investigado tras la pertinente denuncia- si se confirma su su responsabilidad en el asalto. Estamos ante un asunto de enorme gravedad, porque estas prácticas nos remiten a regímenes totalitarios donde el respeto a la libertad brilla por su ausencia. Sólo faltaba que el socialcomunismo se autoconcediera la potestad de violentar los despachos de la oposición sin encomendarse a la ley. En Ciempozuelos, que se sepa, sigue vigente el respeto al ordenamiento jurídico, aunque, por lo visto, la izquierda se haya arrogado el derecho de allanar y  violar las dependencias de sus adversarios políticos

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