Amnistía: o el Constitucional prevarica o no hay tu tía

A Adolfo Suárez le bastaron 25 días desde su sorpresivo nombramiento como presidente del Gobierno para hacer realidad una vieja demanda de la oposición antifranquista en el exilio: la amnistía. Fue nombrado el 5 de julio de 1976 y el 30 anuló vía decreto ley el delito y la pena de un importante elenco de españoles encarcelados por la dictadura por motivos políticos. Quedaron fuera del borrón y cuenta nueva los reos que habían herido o asesinado a personajes relacionados con el régimen anterior. Fue el primer gran hito de un primer ministro empeñado en «elevar a categoría de normal lo que en la calle es normal». Los perdedores de la Guerra Civil empezaron a percatarse de que, esta vez sí, las cosas cambiarían definitivamente y que España ingresaría en el selecto club de las naciones democráticas. Y no se equivocaron.

Meses más tarde, aquel pequeño paso se transformó en un gigantesco salto para la reconciliación con la Ley de Amnistía de octubre de 1977 pergeñada, entre otros, por ese gran amigo que es el cinco veces ministro Rafael Arias-Salgado, una de las mentes más lúcidas del último medio siglo. Un viejo sueño que habían reclamado infructuosamente allende nuestras fronteras desde Negrín hasta Madariaga, pasando por intelectuales de la talla de Max Aub o Wenceslao Roces. Significadísimas voces hicieron lo propio desde el interior, lo cual tiene tanto más mérito teniendo en cuenta que El Pardo no se andaba con chiquitas: genios de la talla de Lucio Muñoz, Benjamín Palencia, Martín Chirino o el eterno Antonio López reclamaron repetidamente la libertad de los españoles encarcelados por motivos políticos.

La Ley de Amnistía eliminó la responsabilidad penal hasta de los etarras responsables de los más viles asesinatos, como los que perpetraron la masacre de la cafetería Rolando de Madrid (13 muertos y un sinfín de heridos) e incluso los que acabaron con la vida del penúltimo presidente del Gobierno del general Franco: Luis Carrero Blanco. La generosidad del tándem Juan Carlos-Suárez fue indiscutible: salieron a la calle 17.773 presos políticos y comunes y se extinguió el delito y la pena de no menos de 1.000 miembros de la banda terrorista ETA —las cifras exactas son un auténtico misterio—.

La amnistía que plantean ahora Pedro Sánchez y sus colegas etarras y golpistas catalanes nada tiene que ver con la que se aprobó en 1977

Comparar la indulgencia del dueto que lideró la Transición con la que exigen los golpistas catalanes para que Pedro Sánchez pueda seguir volando en el Falcon de las narices es un insulto a la moral, la inteligencia y la realidad. La amnistía de hace 46 años sirvió para perdonar a todos aquellos que habían luchado contra una dictadura que, como cualquier régimen totalitario, portaba en sus entrañas el gen de la injusticia. El gratis total que plantean ahora Sánchez y sus colegas etarras y golpistas catalanes nada tiene que ver porque España es una democracia plena, un Estado de Derecho en el que no se procede contra nadie por sus ideas, en el que hay libertad de expresión, partidos políticos, separación de poderes y libertad de movimientos.

Los amnistiados en el 77 habían sido condenados por una tiranía, muchos de ellos por haberse opuesto con todas sus fuerzas a un sistema que perseguía la disidencia, la encarcelaba y que torturaba con notabilísima frecuencia. Los sancionados por el Supremo en 2019 lo fueron por cometer un golpe de Estado contra un régimen democrático en el cual no sólo se puede defender cualquier idea sino que, además, es posible modificar el statu quo dentro de los márgenes establecidos. Vamos, que un referéndum de independencia puede convertirse en una posibilidad plenamente legal si se reforma la Constitución. Lo que no se puede hacer en España, ni en ninguna otra democracia digna de tal nombre, es convocar un plebiscito por tus santos bemoles ni proclamar la independencia y la república porque te da la gana. Eso es propio de franquitos de la vida.

Los golpistas catalanes no se pueden quejar, su tronco Pedro Sánchez les regaló el indulto, derogó el delito de sedición y rebajó la malversación

A más a más, conviene recordar la generosidad de una Sala Segunda del Tribunal Supremo que recortó de rebelión a sedición el tipo máximo aplicado a los participantes en el segundo gran putsch en 46 años de libertad. Lo que a todas luces constituía una rebelión de libro quedó reducido a una sedicioncilla con el nauseabundo trágala de la «ensoñación» del magistrado Luciano Varela. Vamos, que la vida fue purito Calderón de la Barca, es decir, sueño, aquel trágico octubre de hace seis años.

Los tejeritos catalanes no se pueden quejar. Su tronco Pedro Sánchez les regaló el indulto, derogó el delito de sedición y rebajó la malversación hasta tal punto que el robo de dinero público quedó cuasilegalizado. Ahora le exigen la amnistía de Puigdemont y los otros 4.000 participantes en la intentona golpista. El expediente penal de todos ellos quedará limpio como la patena y a otra cosa, mariposa. Y esa otra cosa ya han avisado que será un nuevo referéndum ilegal. ¿Cuántas veces hemos escuchado el maldito y no menos chulesco «lo volveremos a hacer»?

El drama para las ansias de poder de Pedro Sánchez es que la amnistía es de una inconstitucionalidad nivel dios. El artículo 62 no es siquiera interpretable. Afirma textualmente que «corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que NO PODRÁ CONCEDER INDULTOS GENERALES». Conclusión: si prohíbe taxativamente unos indultos generales que perdonan la pena pero no anulan los antecedentes penales, ¿cómo va a ser legal una amnistía que borra ambas cosas? Resulta hasta perogrullesco colegir que si se proscribe lo menor, lo mayor está implícitamente prohibido.

A Sánchez no le hace falta dar un golpe de Estado blando para blanquear el golpe duro que representó el 1-O. Lo puede hacer sin necesidad de poner en práctica esa costumbre que es para él torcer la ley. Que reúna tres quintos del Congreso y otros tantos del Senado y tendrá esa Ley de Amnistía que le exige ese nuevo socio en ciernes que es Carles Puigdemont. Así es como hace las cosas un demócrata. El problema es que a nuestro todavía presidente le molan más el modelo Erdogan o la versión Maduro. Lo normal en un autócrata.

Resumiendo, que es gerundio. La Ley de Amnistía acabará en un Constitucional que tendrá la última palabra a la hora de defender la España del 78 o cargársela definitivamente. Y sólo una prevaricación de padre y muy señor mío podrá hacer realidad los deseos de su señor, Pedro Sánchez. Digo su señor, Pedro Sánchez, y digo bien, porque es el que los nombró. O, para ser exactos, el que digitó a la mayoría izquierdista, Cándido Conde-Pumpido incluido. Y el que nombra, normalmente manda. Se van a inventar la golfería jurídica de que el legislador constituyente no incluyó expresamente en la Carta Magna la ilegalidad de esa medida de gracia total que es la amnistía. De locos porque como he advertido hace dos párrafos si lo menor, los indultos generales, figura expresamente al margen de la ley, lo mayor es física y metafísicamente imposible que sea legal.

La amnistía acabará en un Constitucional que tendrá la última palabra a la hora de defender la España del 78 o cargársela definitivamente

No sólo lo digo yo, lo suscriben toda suerte de juristas y la absolutísima mayoría de los gerifaltes socialistas. Desde Felipe González hasta Alfonso Guerra, pasando por Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina y Jordi Sevilla. De momento. Pero he de recordar también que en su día se pronunciaron en los mismos términos Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Salvador Illa, Adriana Lastra y Grande-Marlaska. Este último, juez de carrera, lo pudo decir más alto pero no más claro: «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico».

El golpismo blanco tiene todos los ases en la manga. La mayoría izquierdista en el Constitucional sacará adelante esta salvajada aun en el quimérico caso de que el ex notario mayor del Reino Juan Carlos Campo se abstenga. El destino quiera que me equivoque pero me temo que enfilarán el pulgar rumbo al cielo Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, el podemita Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y Laura Díez. Concha Espejel, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo quedarán como héroes únicos de la legalidad, la decencia, la ética y el Estado de Derecho salvo que en el bando contrario aparezca un inesperado o inesperada Robin Hood que se viste por los pies. Termino con una reflexión que no por obvia deja de ser necesario recordar. Y menos en estos tiempos de inquietante zozobra democrática: «La amnistía no entra en la legislación ni en la Constitución». Por cierto: no es mía. Adivina, adivinanza: ¿quién la soltó? ¡¡¡Pedro Sánchez!!! ¿Cuándo? Pues no hace 10 años, cuando aún era un tipo normal y un socialdemócrata de manual, sino ¡¡¡el 20 de julio de 2023!! Es decir, hace 52 días. Vivir para ver.