Ajustando y reajustando pensiones (II)

Cuando el llamado factor de sostenibilidad —factor de equidad intergeneracional—, sinónimo de recorte de las pensiones que percibirán a partir del próximo 1 de enero de 2019 los nuevos pensionistas, se divisa ya a la vuelta de la esquina, nuestros mayores se rebelan movilizándose. El tono circunspecto que hasta el momento había exhibido el Gobierno, por mor de las circunstancias y de la marea de los queridos “yayos”, afloja. El PNV entra en escena. Los consabidos pactos transaccionales en pro de que los presupuestos para 2018 tengan luz verde exige al Gobierno apearse del burro y rediseñar, de cabo a rabo, todo el dibujo de las pensiones.

¿Para qué tanta reforma de las pensiones en 2011 y 2013? ¿Para qué tantas reuniones de las comisiones de expertos y páginas de BOE repletas de tinta y explicaciones alabando el porqué del nuevo escenario de las pensiones? ¿Para qué tanto rictus de seriedad por parte de nuestros gobernantes que luego hacen marcha atrás? Las pensiones exigen un planteamiento cabal, serio, exigente, sostenible y de suficiencia, no simples caprichos electoralistas, ni lanzar promesas que a la larga serán difíciles de cumplir.

Por eso suena a utópico decir que los aumentos definitivos de las pensiones —cifrados en 1.500 millones de euros en 2018 y en 1.800 millones para 2019— se cubrirán con la llamada “tasa Google” y pagando menos por el rescate de las controvertidas autopistas de peaje ideadas en su día y que han redundado en un sonoro fracaso económico con el que finalmente tiene que apechugar el Estado. Esto es, todos y cada uno de nosotros que lo pagaremos a escote. En suma, que Europa prevé un déficit público para España en 2018 del 2,6% sobre el PIB, siendo el segundo país con mayor déficit solo por detrás de Rumanía (3,4%), considerando que nuestra economía crezca a una tasa casi del 3% (2,9% para ser exactos), pero ello sin considerar la última subida de las pensiones del 25 de abril.

Bruselas, en este asunto, no ha dicho la última palabra. España, en 2017, ha sido el único Estado de los 28 de la Unión Europea y el único también, por tanto, de los 19 de la Eurozona, que ha cerrado sus cuentas públicas con un déficit por encima del 3% (3,1%). Seguimos bajo el yugo del protocolo de déficit excesivo y si logramos salir del mismo en 2019 rebajando el déficit al 2,6% —cosa que hoy está entre interrogantes—, Europa nos mantendrá bajo el control de un plan correctivo.