El abogado de Sánchez

Mucho se ha debatido estos días sobre la sentencia del TJUE en relación con la inmunidad parlamentaria del señor Junqueras. Sin lugar a dudas, esta resolución, que da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que enjuiciaba al ex vicepresidente de la Generalidad, ofrece una interpretación discutida y discutible que no refuerza la certidumbre jurídica, más bien al contrario. En este sentido, quizá convendría preguntarnos algún día si el hecho de que, por ejemplo, el presidente del Tribunal sea un belga de procedencia flamenca es una mera casualidad. Sin embargo, no creo que la mencionada sentencia tenga tanta relevancia como la que algunos quieren ver, pues llega tarde y sus consecuencias jurídicas (que no políticas) en el caso en particular son muy limitadas.

A mi parecer, lo realmente grave es que los medios de comunicación hablen estos días, con cierta resignación e incluso con aparente normalidad, sobre lo que supone un ataque frontal para nuestro engranaje institucional, como es la sumisión (no cabe otra palabra) de la Abogacía General del Estado a las más bajas pasiones del candidato Sánchez. Cuando escribo estas líneas, la abogada del Estado todavía no ha presentado su escrito ante el Tribunal Supremo (tiene de plazo hasta el próximo 2 de enero), a diferencia de la Fiscalía que, con la rúbrica de los cuatro fiscales de Sala que actuaron en el procedimiento, ya ha presentado su escrito manteniendo una vez más una posición clara y firme, libre de cualquier injerencia exógena a lo estrictamente jurídico. Por el contrario, se da por sentado que la abogada del Estado (recordemos que sustituyó al señor Bal, destituido por no plegarse a las tesis de conveniencia política del señor Sánchez) actuará ajena a toda base jurídica y con arreglo exclusivo a los dictados políticos de un gobierno en funciones, el cual está dispuesto a mantenerse en el poder a cambio de los votos de los que quieren romper nuestro régimen de libertades establecido tras la aprobación de la Constitución del 78.

Pues bien, me resisto a dar por válida la tesis anteriormente descrita. Conozco a muchos miembros del Cuerpo de Abogados del Estado, siendo todos ellos finos juristas, trabajadores incansables al servicio del Derecho, de los intereses generales y con una vocación de servicio público más que probada. Por tanto, como no puede ser de otra manera, confío en que la abogada del Estado que defiende los intereses de todos los españoles en el seno del procedimiento actuará con pleno sometimiento a la legalidad y con arreglo exclusivo a su entender jurídico. De lo contrario, el prestigio de este Cuerpo fundamental en nuestra estructura jurídica quedaría tocado para siempre. La utilización de las instituciones con fines personalistas es algo propio de regímenes situados en las antípodas de las democracias serias.

Por tanto, de triunfar la tesis de la sumisión de la abogada del Estado al candidato Sánchez (repito que me parece descabellada), nuestro Estado de Derecho deberá defenderse y se tendrán que derivar las consecuencias pertinentes contra todos los partícipes en la afrenta, ya que se estarían tomando decisiones manifiestamente injustas a sabiendas. Pregunten a un abogado del Estado cómo se llama eso, seguro que lo sabe.

José Manuel Maza Muriel es abogado.