La impunidad en los casos de ‘bullying’

La impunidad en los casos de ‘bullying’
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Ha pasado un año y aquí no ha pasado nada. Un niño de 11 años se suicidó dejando una nota en la que decía que no podía volver al colegio, pidiendo a sus padres que lo perdonaran… y aquí sigue sin pasar nada. Nuestro sistema educativo tal y como está configurado garantiza que nada ocurra ante los casos más flagrantes de acoso y violencia escolar. La solución final de Diego, de Carla, de Arantxa y de Jokin es la prueba de que el sistema educativo no hace nada efectivo para detener los casos de bullying.

Desde hace años he denunciado que existe un pacto de silencio sobre la verdadera entidad del acoso escolar en España. Cuando se pregunta en serio por comportamientos de hostigamiento frecuentes, sabemos que uno de cada cuatro de los niños españoles escolarizados reportan ser víctimas habituales de ellos. ONGs generosamente regadas con dinero público ocultan los datos reales del bullying. Consejerías de Educación desinforman a la opinión pública aludiendo a los pocos casos de las familias kamikaze que osan denunciar el acoso a sus hijos superando el calvario de la persecución de todo el sistema escolar contra ellas por haber destapado el caso.

Jueces y fiscales de menores aplican la tolerancia de manga ancha para que siga la impunidad de responsables de centros escolares que siguen creyendo que un colegio es una selva ingobernable donde los niños deben aprender a sobrevivir por sí solos “haciéndose fuertes” frente al bullying.

El actual voluntarismo resulta entre ingenuo y patético. Creer que se puede detener con “charlas educativas” el acoso escolar es no entender nada de cómo se producen los casos de bullying.

Todo tipo de despropósitos se inventan e implementan para consagrar oficialmente la impunidad del sistema educativo y evitar toda responsabilidad de prevenir a los centros escolares. Se hace ver que algo se está haciendo cuando en realidad sólo se ponen paños calientes al problema.

La última ocurrencia de nuestras autoridades educativas de montar un “teléfono de la esperanza” para las víctimas de acoso sería motivo para reír si no fuera un asunto de tal gravedad.

Los intentos de criminalizar a las familias de las víctimas o de los acosadores es otra de las estrategias calculadas para evitar poner el dedo en la llaga, que no es sino la obligación moral y legal de los centros de prevenir y detener a tiempo este riesgo para la vida y la salud psicológica de los alumnos españoles.

Últimamente funciona como arma de distracción masiva la nueva moda de hablar del cyberbullying, poniendo la responsabilidad de detener el acoso en las familias y obviando que todos los casos de acoso en las redes inician su curso en las relaciones escolares dentro de los centros.

Todo este panorama desolador genera cada mes un nuevo caso mediático como el de Diego o como el de la niña mallorquina a la que el ministro del Interior no considera víctima de acoso escolar sino de una mera agresión, obviando todo el historial de denuncias de la propia niña y de su familia y sin esperar siquiera a investigar el caso o instruir el delito.

Entonces sí suelen saltar las alarmas, se escandaliza la opinión pública, se piden responsabilidades…pero al cabo de unos días todo vuelve a su cauce a la espera de que por arte de magia un caso semejante no vuelva a ocurrir… Se trata de un caso aislado.

El hecho es que el acoso escolar va a seguir siendo causa de titulares en España mientras no se adopten las siguientes medidas:

– Poner fin a los actuales protocolos reactivos que empiezan a actuar siempre tarde y cuando ya no hay nada que hacer para evitar que haya víctimas.

– Aplicación de programas de prevención proactivos que pongan el acento en la evaluación y la medida temprana en las primeras fases del acoso.

– Implementación de una cultura de tolerancia cero a toda conducta de hostigamiento escolar, especialmente de acoso psicológico en sus más mínimas manifestaciones.

– Condenas económicas ejemplares a los centros y destitución de los responsables de los centros escolares que no prueben que hicieron todo lo necesario para evitar el acoso escolar.

– Aplicación de políticas públicas que comprometan verdaderos protocolos antibullying que rompan la impunidad actualmente imperante estableciendo sanciones y medidas de contención efectivas contra los que acosan.

Todo lo demás siguen siendo lamentaciones farisaicas que no son más que el prolegómeno de nuevos casos como el de Diego. Lo peor de su acoso es el silencio cómplice del sistema educativo, verdadero culpable de no haber evitado la muerte de nuestros hijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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