Greenpeace pide al ministro de Agricultura que trabaje para defender a los pequeños agricultores

• Antonio Quilis Sanz @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 10/12/2024 15:42
  • Actualizado: 10/12/2024 15:42

Greenpeace demanda al ministro de Agricultura que comience a trabajar para defender a los pequeños agricultores «frente a la agroindustria en la futura ley de agricultura familiar».

La organización ecologista reclama que se comience a trabajar ya en esta ley fundamental para un sector asfixiado por la falta de apoyo, la agroindustria y la expansión de los fondos de inversión.

Además, denuncia «el incumplimiento del ministro Planas de la consulta pública anunciada y del retraso en los tiempos del anteproyecto de la ley de agricultura familiar».

Banco público de tierras

Desde la organización ecologista proponen que la ley incluya medidas como un banco público de tierras, la formación y apoyo para la transición agroecológica, las compras públicas y la promoción de la venta directa.

Así mismo Greenpeace califica de «tóxico» el acuerdo comercial entre la Unión Europa y Mercosur por perjudicar tanto a los agricultores españoles como al medioambiente.

En este sentido, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha entregado esta mañana en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una carta y un documento dirigidos al ministro Luis Planas con las propuestas de Greenpeace para la futura ley de agricultura familiar que defienda a los pequeños agricultores.

Defensa de la agricultura familiar

Además, le ha hecho llegar también una réplica de una de las piezas de museo que la semana pasada activistas de Greenpeace introdujeron en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), el Museo de la Evolución Humana (Burgos), el Museo de Almería y el Museo Arqueológico de Murcia.

Con esta pieza se quería alertar del riesgo de desaparición de la agricultura familiar y social «si no se toman medidas urgentes para apoyarles». La organización denuncia en esta misiva la presión de los fondos de inversión y la agroindustria.

En la carta también se refleja el desigual reparto de la PAC o la asfixia a la que son sometidas las pequeñas explotaciones por parte de las cadenas de distribución. La suma de estos puntos señala «algunos de los problemas que amenazan la supervivencia de esta actividad clave para el medio rural, la economía y el medioambiente», expresa la organización ambiental.

Acuerdo Mercosur

Además de la defensa de los pequeños agricultores, Greenpeace añade que «a estos desafíos se suma ahora el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que podría agravar aún más la situación de la agricultura familiar, ya que podría facilitar la entrada de productos importados que compiten en condiciones desiguales».

Además, alerta de que «este acuerdo supone una amenaza a la biodiversidad, al promover prácticas agrícolas insostenibles y acelerar la deforestación en áreas clave».

«La pequeña agricultura es esencial para mantener la vida en el medio rural, proteger la biodiversidad y garantizar una alimentación sostenible en el futuro. Por esto es imprescindible una ley que esté a la altura, que las apoye y acompañe en su transición hacia modelos sostenibles», señala Eva Saldaña.

Los monstruos del agribusiness

De igual manera, Saldaña reclama  al ministerio «una ley que las proteja frente a los grandes monstruos del agribusiness. Sin medidas urgentes, la pequeña agricultura corre grave peligro. Es hora de actuar y poner en marcha una normativa que la respalde de manera efectiva y frenar acuerdos comerciales tóxicos, como el UE-Mercosur, que están hechos a la medida de la agroindustria».

Así mismo, la organización ecologista expresa su preocupación por el incumplimiento de plazos en la puesta en marcha de esta ley, promesa del actual gobierno, y reitera su preocupación por el incumplimiento del proceso de debate con las organizaciones del sector, prometido para el pasado mes de septiembre.

En este sentido, reclama un proceso participativo real y un debate amplio entre las organizaciones agrarias, sociales y ecologistas y que no se retrase una ley necesaria para la supervivencia de la agricultura familiar y social.

Incumplimiento de plazos

«Llevamos escuchando al ministro desde finales del año pasado sobre la premura e importancia de esta ley, promesa de la legislatura, pero no se están cumpliendo los plazos. Prometió un proceso de debate para este pasado septiembre con el sector agrario que no ha tenido lugar y al que no se incluyó a las organizaciones sociales y ecologistas», declara Helena Moreno, responsable de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace España.

«Esta ley debería marcar un antes y un después en la construcción de los futuros sistemas alimentarios sostenibles que necesitamos en este país, donde los protagonistas tienen que ser los agricultores y agricultoras familiares y sociales. La pequeña agricultura es víctima de la triple crisis climática, de biodiversidad y de desigualdad y, sin embargo, es un actor indispensable para su solución. Por ello, necesitamos repensar la manera en que producimos alimentos poniendo las personas y el planeta en el centro», afirma Moreno.

Futuro justo y sostenible

Greenpeace propone varios elementos clave que deben formar parte de esta norma para garantizar el futuro justo y sostenible en la agricultura en el Estado español «como la creación de un banco público de tierras, el fortalecimiento de la asistencia técnica y capacitación con la figura del extensionista agroecológico, la promoción de la venta directa».

Además, se reclama el fomento de la contratación pública para crear un mercado estable y sostenible para los productos provenientes de la agricultura familiar y social, de cercanía, de temporada y ecológicos, favoreciendo tanto a las personas productoras como al medioambiente.

Otro de los puntos gira en torno a los incentivos para la conservación y mejora del medioambiente y la biodiversidad con la puesta en marcha de una ley que los contemple para aquellos agricultores familiares que implementen prácticas agroecológicas que contribuyan a la conservación y mejora de los recursos naturales y la biodiversidad, como el uso eficiente del agua, la preservación y la mejora de la calidad y estructura del suelo, o el fomento de la agrobiodiversidad.