¿Cuánto cuesta expropiar El Algarrobico? El Gobierno no da una oferta atractiva a la promotora hotelera

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 10/02/2026 12:31
  • Actualizado: 10/02/2026 12:31

La oferta del Gobierno se ha convertido en una piedra más en el camino para expropiar de manera forzosa y el derribo de la mole de El Algarrobico. La propiedad considera insuficiente la propuesta gubernamental y la ha rechazado.

Expropiar El Algarrobico se enfrenta ahora a una brecha económica de casi 44,5 millones de euros entre ambas partes que complica el proceso iniciado hace un año.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y la empresa promotora Azata del Sol no han logrado alcanzar un acuerdo para fijar el importe de la expropiación forzosa iniciada por el Gobierno. El procedimiento fue anunciado hace un año por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la propia playa de El Algarrobico en Carboneras (Almería).

Abismo de 44,5 millones

El Gobierno mantiene su oferta de casi 16.500 euros realizada por los suelos de la parte del hotel que invaden la zona de servidumbre sobre la que el Miteco tiene competencias. Si la compañía la rechaza, será un jurado provincial de expropiación el que fije la cuantía, toda vez que el asunto podría judicializarse con nuevos recursos.

Según la información confirmada por fuentes oficiales, la promotora del hotel fijó a través de su hoja de apremio una cuantía de 44,5 millones de euros. Esta valoración incluye el terreno, los daños y los bienes que se asientan en él para concretar el justiprecio de expropiar El Algarrobico y proceder a su demolición.

Propuesta sin respuesta

Desde Costas se trasladó a la empresa el rechazo de su propuesta el pasado 21 de enero. Al mismo tiempo se le trasladaba la contraoferta con un plazo de diez días para aceptarla a partir de que se hiciera efectiva la notificación, lo que tuvo lugar el 30 de enero. La promotora dejó pasar el plazo sin aceptar la oferta gubernamental.

Desde la mercantil Azata del Sol han confirmado las cuantías ofertadas, aunque no han especificado sus intenciones sobre sus próximos pasos en relación a este proceso. La compañía ya recurrió ante los tribunales el inicio del expediente cuando se puso en marcha la expropiación forzosa del controvertido hotel almeriense.

Rechazo judicial a medidas cautelares

Al hilo de dicho procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegó a finales de diciembre las medidas cautelares solicitadas por la promotora. Estas medidas estaban encaminadas a suspender la resolución del Gobierno que declaró la necesidad de ocupar los terrenos, aunque sin entrar en el fondo del asunto.

El Gobierno inició la expropiación parcial de los suelos que ocupa el hotel en el paraje de El Algarrobico a través de una declaración de utilidad pública. Esta fue realizada por acuerdo del Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2025 al amparo de la Ley de Costas para poder expropiar El Algarrobico.

Su objetivo es poder hacerse con la parte afectada por servidumbre de protección, que estima en unos 16.432 metros cuadrados. La superficie total, según catastro, es de 32.654 metros cuadrados, es decir, el Gobierno sólo puede actuar sobre la mitad del hotel que invade el dominio público marítimo-terrestre.

División de competencias

La otra mitad del hotel se asienta en suelos protegidos, ya declarados como no urbanizables, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Sobre estos suelos la Junta de Andalucía tiene competencias y sobre los que, en su caso, no se ha iniciado ningún procedimiento de este tipo para expropiar El Algarrobico.

El protocolo firmado en 2011 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España establecía que el Ejecutivo central se comprometía a asumir la demolición del inmueble. Mientras tanto, el Gobierno andaluz se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere en el paraje natural almeriense.

Este problema urbanístico lleva enquistado más de dos décadas en la costa almeriense. El hotel presenta una veintena de plantas y 411 habitaciones que, según los tribunales, se asienta en terreno no urbanizable e invade la zona de dominio público marítimo-terrestre dentro del espacio protegido.

Siguientes pasos del proceso

Sin acuerdo entre las partes, el siguiente paso será que un jurado provincial de expropiación fije la cuantía definitiva. Este procedimiento puede alargarse en el tiempo si cualquiera de las partes decide recurrir la decisión del jurado ante los tribunales, lo que prolongaría aún más el proceso de expropiar El Algarrobico.

El Gobierno estimó en siete millones de euros el presupuesto para la demolición del hotel cuando anunció el procedimiento de expropiación. Esta cifra contrasta con los 44,5 millones que reclama la promotora sólo por los terrenos y daños, sin incluir el coste de derribo que finalmente asumirá la Administración central.

Montero señaló hace un año, justo cuando anunció la expropiación, que «vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural». Sin embargo, la falta de acuerdo económico entre el Gobierno y Azata del Sol añade un nuevo obstáculo a un proceso que se inició hace un año.

Judicialización del conflicto

De nuevo, la judicialización del conflicto parece inevitable después de que la promotora ya presentara recursos contra el inicio del expediente expropiatorio. El TSJA rechazó las medidas cautelares, pero el fondo del asunto todavía puede ser objeto de litigio cuando se fije el precio definitivo por el jurado provincial.

El hotel de El Algarrobico se ha convertido en el símbolo de los desmanes urbanísticos de principios de siglo en la costa española. Su demolición y la restauración del paraje natural son objetivos compartidos por todas las administraciones, aunque los procedimientos y los plazos siguen generando desacuerdos y retrasos en su ejecución final.