El Gobierno comienza el proceso para expropiar sólo la mitad de los terrenos de El Algarrobico

Hoy martes el Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución para expropiar «la edificación no conclusa conocida como El Algarrobico que se encuentra en el municipio almeriense de Carboneras, construida sobre terrenos no urbanizables, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar».

Mientras, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha asegurado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aún trabaja en conseguir «asistencia técnica».

De este modo con la publicación en el BOE, esta finca, que se sitúa sobre una finca de propiedad privada de la mercantil Azata del Sol, SL, y que ocupa parcialmente la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, ya tiene un procedimiento administrativo abierto para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel de El Algarrobico, así como del propio inmueble promovido por Azata del Sol.

Tras más de 20 años de numerosas vicisitudes, es la primera decisión que pone en marcha una administración pública para derribarlo, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), sólo en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre.

Protocolo entre el Gobierno y la Junta

En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo para borrar del mapa el hotel El Algarrobico, un documento en el que el Ejecutivo central «se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que el Gobierno andaluz se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere».

Sin embargo, la otra parte de la mole está en una zona que no es zona dependiente del ministerio, lo que ha ocasionado que haya desacuerdo entre administraciones en cómo activar la demolición de esta parte en la que tiene mucho que decidir el Ayuntamiento de Carboneras y cómo proceder en la gestión de escombros y la restauración de la zona. En definitiva, Gobierno y Junta quieren derribar El Algarrobico, pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.

Publicación en el BOE

En concreto, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para expropiar El Algarrobico, el Gobierno cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.

La resolución recalca el doble pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado, los días 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025, de cara a iniciar un nuevo procedimiento expropiatorio después de que se desistiera de esta vía en junio de 2009, ya que desde entonces «se han dictado sentencias que han incidido sobre la situación que justificó dicho desistimiento».

Declaración de utilidad pública

En este sentido, señala la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros para poder iniciar la expropiación, tanto de los terrenos ocupados por la edificación como el propio inmueble «en la parte que invade la zona de servidumbre», es decir, en los cien metros de anchura en el tramo litoral–, como la mejor vía para la «recuperación» de este espacio natural.

El Gobierno incide en que la Ley de Costas ampara al Estado como titular del dominio público marítimo-terrestre en aras de garantizar tanto su integridad física como su uso público, lo que le otorga una «potestad expropiatoria» de los terrenos que invade el hotel de acuerdo con el deslinde firme de 2005.

Pronunciamientos judiciales

Si bien el proceso expropiatorio que se inició en julio de 2007 fue desistido dos años después, el Gobierno apunta a que, con posterioridad, se han producido pronunciamientos judiciales que avalarían de nuevo esta vía de cara a derribar el hotel.

Con ello, hace especial alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 confirmó el deslinde de los bienes del dominio público marítimo-terrestre situados en el tramo de costas en el que se sitúan tanto las fincas como el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas que se encuentra sin acabar, por lo que se establecía «definitivamente la servidumbre de protección de 100 metros de anchura en ese tramo litoral».

«En la franja de terrenos sobre la que se proyecta la zona de servidumbre de protección no es posible la existencia de edificaciones destinadas a uso residencial», recalca el Ministerio para la Transición Ecológica al respecto.

Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo también declaró «con carácter definitivo» que los terrenos sobre los que se sitúa la edificación son suelos «no urbanizable» basándose en el vigente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el que se incluye. Esta clasificación resulta «incompatible con la existencia de la edificación».

La puesta en marcha del hotel no es posible

La resolución incide en que la puesta en las diferentes sentencias recaídas han puesto de manifiesto que «la finalización de las obras y la puesta en marcha del hotel ya no serán posibles» puesto que el inmueble se encuentra en terrenos «no urbanizables» dentro del sector ST-1, de acuerdo con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural, invadiendo además parcialmente una zona de servidumbre de protección.

Sobre este aspecto, el Gobierno central apunta el papel del Ayuntamiento de Carboneras a la hora de ejecutar y cumplir con los pronunciamientos judiciales, en este caso dos en concreto: la reclasificación de los terrenos para que figuren como «no urbanizables» en su PGOU y la revisión de oficio de la licencia de obras que se concedió en 2003 y sobre la que se sustenta el hotel.

Diversos pronunciamientos judiciales

Inciden así desde el Miteco que son ya «diversos» los pronunciamientos judiciales han declarado la «antijuridicidad» del permiso de obras por lo que se ha impuesto al Consistorio la revisión de oficio del mismo, «si bien el Ayuntamiento aún no ha procedido a cumplir esa obligación judicial» pese a las sentencias y autos recaídos al respecto.

Para el Gobierno, el ayuntamiento está «obligado» a anular esa licencia de obras al «contravenir» los pronunciamientos judiciales que sitúan el hotel en terrenos no urbanizables; una postura que desde el Consistorio han matizado siempre a la hora de señalar que su obligación pasa por revisar de oficio la licencia, lo que no implicaría su anulación, según su postura.

Legalidad urbanística y medioambiental

«Las administraciones autonómica y local, hasta el momento, no han sido capaces de restituir la legalidad urbanística y medioambiental sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre sobre los que se alza la edificación», han apuntado desde el Gobierno para el que la vía de expropiación se presenta como una alternativa más ágil para restituir el paraje frente al cumplimiento de las sentencias judiciales, algunas de las cuales acumulan hasta cuatro años en su fase de ejecución.

Con ello, han recalcado el «compromiso» del Gobierno con la recuperación de ese espacio dentro del Protocolo General de Colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la Playa del Algarrobico, suscrito en 2011, y cuya última reunión tuvo lugar el pasado 4 de marzo sin que ambas partes llegaran a un acuerdo sobre cómo proceder de forma unitaria para demoler el hotel.

Reacción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha asegurado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aún trabaja en conseguir «asistencia técnica» para poder completar los requerimientos exigidos de cara a declarar los suelos del paraje de El Algarrobico, en los que se asienta el hotel de Azata del Sol, como «no urbanizables».

Así lo ha trasladado el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), en respuesta a los requerimientos hechos por la Sala de lo Contencioso-administrativo, que en febrero le solicitó información puntual «cada diez días» de los trámites seguidos para dar cumplimiento a la sentencia que le obliga a la reclasificación de los sectores ST-1 y ST-2, este último correspondiente con El Canillar, para garantizar la protección urbanística y medioambiental.

Sin arquitecto municipal

El primer edil carbonero, que alegó que el Ayuntamiento carecía de arquitecto municipal en este momento y por ello realizó varias peticiones de ayuda, ha dado cuenta en su escrito de la denegación de la solicitud cursada a la Unidad de Asistencia a Municipios de la Diputación de Almería para que se redactara un documento técnico de planteamiento urbanístico conforme a los requerimientos del TSJA «a la mayor brevedad posible».

Cabe recordar que la Sala solicitó la corrección de varios aspectos que fueron advertidos tanto por las organizaciones ecologistas como por la Junta de Andalucía para una plena modificación del plan general de Carboneras, entre ellos, la «publicación» de la normativa urbanística «corregida» en ejecución de sentencia en relación con los suelos que se incluyen en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.