Gobierno y Junta quieren derribar El Algarrobico, pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo

En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo para borrar del mapa el hotel El Algarrobico, un documento en el que el Ejecutivo central «se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que el Gobierno andaluz se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere».

Esta semana, casi 14 años después, todo indicaba que parecía que el protocolo de El Algarrobico se ponía en marcha tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la puesta en marcha de la «declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras, según anunció la  vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Demolición, residuos y restauración

El protocolo firmado en 2011, por el que se acordó qué administración se iba a encargar de los gastos de demolición y gestión de residuos y cuál iba a hacer frente a la partida para restaurar la playa. En este marco, el Gobierno se ha comprometido ahora a asumir el gasto de la demolición con un presupuesto estimado de siete millones de euros.

Un problema enquistado desde hace dos décadas que llamó la atención de los medios por el anuncio anticipado del Gobierno, un día antes del Consejo de Ministros, pero que tuvo también una réplica y matizaciones tempranas por la Junta de Andalucía.

«Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural», afirmó Montero desde el Gobierno durante su visita al entorno donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería).

Terreno no urbanizable

El hotel presenta una veintena de plantas y 400 habitaciones que, según los tribunales, se asienta en terreno no urbanizable e invade la zona de dominio público marítimo-terrestre.

Desde Moncloa se explicaba que se trataba del «primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos sobre los que tiene competencia la Administración General del Estado. El objetivo final es demoler el hotel, símbolo de los desmanes urbanísticos, y proceder a la restauración del paraje natural». «Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo», apuntó Montero.

Además, Montero señaló que «sólo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata, donde se ubica el hotel, se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es sobre esa parte donde el Gobierno puede actuar».

El resto del terreno, defiende la ministra de Hacienda, «queda fuera de este límite y la competencia sobre él corresponde a la comunidad autónoma».

Falta de acuerdo

Sin embargo, no todo está claro en este proceso, ya que los actores principales de esta actuación, Junta de Andalucía y Gobierno de España, a pesar de tener ambos la voluntad de su derribo, no se ponen de acuerdo en la forma de ejecutar este derribo.

Por un lado, el Gobierno central es partidario de la expropiación previa del terreno y, por otro, la Junta reclama que la solución pasa por la nulidad de su licencia urbanística.

El Tribunal Supremo dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras, ahora en manos de Ciudadanos, no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

Hotel ilegal

Todos quieren eliminar este problema, pasar página y borrar del paraje natural una construcción que nunca debía haberse levantado en la costa. Multitud de litigios entre todos los actores, incluido el consistorio y Greenpeace, han postergado un derribo que toca de lleno el paisaje.

La Junta de Andalucía declaró alegrarse de que «por fin el Gobierno reaccione» en lo que se refiere al derribo del hotel ubicado en la playa del Algarrobico, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, «un hotel ilegal y un atentado medioambiental perpetrado durante los gobiernos del PSOE», si bien discrepa de la fórmula elegida por el Ejecutivo central para proceder a su demolición, y le invita a actuar «por la vía más rápida».

Se podría eternizar

El Gobierno andaluz ha insistido en que la solución para el derribo de El Algarrobico pasa más bien por la nulidad de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), cumpliendo una orden judicial.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, la portavoz Carolina España ha rechazado la fórmula de la expropiación dado que sería motivo de recursos y el proceso «se podría eternizar».

España cree además que el anuncio de la decisión del Gobierno central supone una «falta de lealtad» no sólo hacia la Junta sino al propio Ejecutivo central, puesto que en marzo de 2024 ambas administraciones coincidieron en la comisión mixta en que la solución pasaba por la nulidad de la licencia urbanística.

Cambio de opinión

Según la portavoz, el convenio firmado en 2011 entre ambas administraciones definía las responsabilidades de cada una, de modo que el Gobierno iba a ser el encargado de derribar la mole construida y la Junta de gestionar los residuos que se produjeran una vez que se realice el derribo.

«¿Por qué cambia ahora al método de la expropiación?», se ha preguntado España, quien ha recordado que en 2009 «se dejó morir» la solución de la expropiación que se planteó por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y se insistió en que la «vía más idónea» era la nulidad de la licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras.

Se trata de «una vuelta al pasado» y un cambio de opinión que no se entiende desde Andalucía, ha sostenido España, quien ha recalcado en que un procedimiento de expropiación es «susceptible de recurso y esto se puede judicializar de forma eterna».