Un año después de la DANA se puede seguir construyendo en zonas inundables en los municipios afectados

Pronto se cumplirá el primer aniversario de la catastrófica DANA que el 29 de octubre de 2025 asoló gran parte de la provincia de Valencia, causando el fallecimiento de 229 personas y más de 300.000 afectados. Las inundaciones provocaron, además, cuantiosos daños materiales estimados en unos 18.000 millones de euros, según la Generalitat Valenciana.

Un año después, se han producido diversos avances en materia de prevención y protección de la población, como la introducción de la educación en emergencias en la escuela, la mejora en los sistemas de alerta temprana y la aprobación de permisos climáticos para proteger a los trabajadores ante un evento extremo.

Persisten los riesgos

Sin embargo, todavía persisten los riesgos, como avisan desde diversas entidades, que alertan de que, a día de hoy, se puede seguir construyendo en zonas inundables. Esto se debe a que las autoridades estatales, autonómicas y locales han diseñado una normativa urbanística que establece limitaciones, pero que no impide la edificación en zonas inundables, y que tampoco obliga a adoptar medidas eficaces de adaptación al cambio climático.

Volviendo la vista atrás, según Datadista, de todos los edificios para uso residencial publicados por el Catastro y ubicados en la zona delimitada de forma preliminar por Copernicus EMS se pudo comprobar que más de 75.000 viviendas se encontraban afectadas por las inundaciones de Valencia.

Buena parte de esas edificaciones afectadas se levantaron sobre zona inundable, sabiendo que lo era, puesto que en 2003, el Gobierno de la Comunidad Valenciana aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova).

Riesgo de inundación

Y no es una situación que ataña sólo a la Comunidad Valenciana. Según un informe de Greenpeace, más de 2,7 millones de personas en España viven en zonas con alto riesgo de inundación y se continúan planificando nuevas construcciones en estos espacios.

La ONG ecologista exige la obligatoriedad de revisar y adaptar todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015, hasta ahora exentos, para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación vinculantes con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables.

Mirando las normas estatales, el Real Decreto 903/2010, de julio de 2010, establece que «para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de riesgo de inundación para las zonas identificadas en la evaluación preliminar del riesgo».

A la espera de los mapas de riesgo

Los mapas de riesgo de inundación incluirán, como mínimo, información en las zonas afectadas con el número indicativo de habitantes, tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada, instalaciones industriales o zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, entre otros registros.

En este sentido, el 16 de abril de 2025, meses después de la DANA, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) lanzó la consulta pública previa para actualizar la normativa sobre gestión del riesgo de inundación. En el caso de esta consulta pública, el plazo terminó el pasado 19 de abril de 2025.

Regular estrictamente las zonas inundables

Según MITECO, se buscaba así, «regular de forma más estricta los usos en las zonas inundables e incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables existentes en estas zonas».

El propio ministerio refleja que actualmente se encuentran en proceso de consulta pública los Mapas de Peligrosidad y Riesgo del tercer ciclo de la Directiva de Inundaciones (MAPRI).

De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación deben someterse a consulta pública durante un plazo mínimo de tres meses y una vez analizadas las alegaciones, ser informados por el Comité de Autoridades Competentes u organismo equivalente en las cuencas intracomunitarias y posteriormente remitirse al Ministerio para su incorporación al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Renaturalización

«La renaturalización de los ecosistemas fluviales y de los entornos urbanos es otro componente esencial en el que aún no se ha avanzado. El papel del humedal de la Albufera como barrera natural frente al avance de la inundación demostró la necesidad de restaurar ecosistemas y reforzar la protección ambiental como principal línea de defensa ante los eventos meteorológicos extremos», señalan los ecologistas.

Añade Greenpeace que, «del mismo modo, aumentar la permeabilidad de los municipios es fundamental para reducir y ralentizar el flujo del agua por calles y barrios, y esto debe ser parte del proceso de reconstrucción».

La ONG también recuerda que muchos municipios afectados por la DANA no contaban con planes locales de adaptación al cambio climático, por lo que pide avanzar en el diseño de planes que consideren los distintos riesgos a los que se enfrenta un municipio.

«Para ello se necesitan financiación, herramientas y colaboración entre administraciones, ya que muchos municipios no cuentan con recursos propios suficientes para abordar los cambios necesarios», añade la misma fuente.

Llueve sobre mojado

Amnistía Internacional también acaba de hacer público el informe Llueve sobre mojado. La DANA: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda. La citada organización también remarca que «a pesar del contexto de cambio climático y las advertencias de organismos internacionales de que los fenómenos meteorológicos serán más frecuentes y más graves, la normativa urbanística sigue permitiendo la construcción en zonas inundables».

La ONG también señala que la Comunidad Valenciana es la segunda región con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas. En municipios como Paiporta y Catarroja, «que tienen todas las viviendas en áreas de riesgo de inundación, se registraron las mayores cifras de víctimas y daños tras el paso de la DANA».

Ayudas insuficientes

Por otro lado, Amnistía Internacional considera que el sistema de ayudas ha sido insuficiente. «El agua no discrimina, pero en materia de vivienda llueve sobre mojado: la falta de políticas adecuadas hace que sean siempre las personas más vulnerables quienes sufran más. La solución no son sólo las ayudas temporales y los parches: las personas afectadas deben recuperar sus derechos. La vivienda no es sólo un bien que se ha perdido. Es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la DANA», señala Marta Mendiola.

La ONG ha reclamado a autoridades centrales, autonómicas y locales la revisión del sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España, considerando tanto los eventos pasados como los riesgos futuros en un contexto del cambio climático, así como la elaboración de un protocolo integral de ayudas que establezca un decálogo de medidas orientadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda.

Mitigación

Los fenómenos extremos como la DANA también evidencian, según Greenpeace, que la mitigación continúa siendo la gran asignatura pendiente para hacer frente a la crisis climática. «El año pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron sólo un 0,5% a nivel estatal, muy lejos de la reducción mínima anual del 7% necesaria durante esta década crítica», recuerda la ONG.

Los ecologistas critican, además, la falta de efectividad de las políticas públicas para acelerar el abandono de los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático. Por último, Greenpeace insiste en la necesidad de acordar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

«El cambio climático ya no es una amenaza futura: es una realidad cotidiana. Lo vimos con la DANA de 2024, pero también con las olas de calor o los incendios de este verano. Necesitamos que la industria fósil asuma su responsabilidad y que se impulse un acuerdo de país que priorice la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras por encima de los intereses cortoplacistas», concluye Elvira Jiménez, responsable de Adaptación climática de Greenpeace.

Mapas de riesgo