Pánico entre los veterinarios de España por lo que ha hecho el Gobierno: «Las mascotas pueden morir»

• Janire Manzanas
• Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.
• • 31/01/2025 07:00
  • Actualizado: 31/01/2025 07:00

La salud y el bienestar de los animales domésticos en España se encuentra en una encrucijada debido a la implementación de un decreto que ha generado una gran alarma entre los veterinarios, quienes temen que la nueva normativa pueda poner en riesgo la vida de las mascotas y empeorar las condiciones de los animales enfermos. El 2 de enero de 2025, entró en vigor el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución y prescripción de medicamentos veterinarios, el cual establece restricciones importantes que afectan directamente a los tratamientos que los veterinarios pueden ofrecer a las mascotas.

El colectivo de Veterinarios Unidos ha alzado su voz en defensa de la práctica veterinaria. Según afirman, el nuevo decreto complica el acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de los animales e impone procedimientos y costes innecesarios que pueden derivar en consecuencias fatales para las mascotas. Entre las principales preocupaciones que han expresado se encuentran la imposibilidad de administrar antibióticos directamente a los animales en consulta, la burocracia excesiva y la falta de productos veterinarios en las farmacias.

Alarma entre los veterinarios por el Real Decreto 666/2023

El colectivo de veterinarios explica que, con la nueva legislación, se les impide ofrecer una solución rápida y efectiva a los problemas de salud de los animales. Bajo las nuevas normas, los profesionales no pueden dispensar los antibióticos directamente en sus consultas, como se hacía antes, sino que deben recetarlos. Sin embargo, los veterinarios advierten que muchas farmacias no disponen de los antibióticos adecuados para tratar a los animales, lo que puede llevar a que los dueños tengan que esperar varios días antes de obtener el tratamiento necesario.

Este retraso puede tener consecuencias devastadoras para la salud de las mascotas, especialmente si padecen enfermedades graves. Además, los nuevos procedimientos implican una gran carga administrativa, ya que los veterinarios deben notificar a las autoridades cada antibiótico que recetan, un proceso que requiere una serie de trámites burocráticos que complican aún más el tratamiento de los animales.

Además, la obligación de prescribir antibióticos en paquetes completos puede resultar en un gasto innecesario para los propietarios, quienes tendrán que pagar por cajas de antibióticos que sus mascotas podrían no necesitar por completo. Esta situación puede llevar a que los dueños se vean obligados a almacenar antibióticos en casa y, en el peor de los casos, los administren de manera incorrecto. Esto, a su vez, puede generar resistencia a los antibióticos, un problema que no sólo pone en riesgo a la mascota que recibe el tratamiento, sino que también puede contribuir a la creciente crisis global de resistencia bacteriana.

Tipo de antibióticos disponibles

El Real Decreto también impone restricciones sobre los tipos de antibióticos que los veterinarios pueden recetar. En particular, los antibióticos de categoría A están prohibidos en medicina veterinaria, lo que significa que los veterinarios deben recurrir a los antibióticos de categorías D y C, que, según las autoridades, son menos potentes y más baratos. Los veterinarios deben probar los antibióticos de categoría D primero, y solo si no funcionan, pueden recurrir a los de categoría C.

Además, el uso de antibióticos de categoría B está completamente restringido hasta que se realicen pruebas como cultivos y antibiogramas. Estos procedimientos no sólo son caros, sino que también requieren un tiempo valioso que podría poner en peligro la vida de las mascotas. Los veterinarios aseguran que los animales necesitan una atención inmediata y personalizada, y que no tienen tiempo para esperar a que se realicen pruebas adicionales cuando tienen infecciones graves.

Prohibición de tratar a animales sin microchip

Otra de las principales críticas que se hacen al nuevo decreto es la prohibición de tratar a animales sin microchip, salvo que estén en un estado de salud tan grave que se considere que no tienen opciones de sobrevivir. Ésta nueva restricción entra en conflicto con el código ético de los veterinarios, que se comprometen a tratar a todos los animales que lo necesiten, independientemente de su estado de identificación.

Los animales sin microchip, aunque no sean tan frecuentes, también son parte importante de la población animal que necesita atención médica. Muchos de estos animales provienen de refugios o de situaciones de abandono, y negarles atención médica es considerado por muchos como una violación de sus derechos básicos a la vida y el bienestar.

Multas y sanciones

La plataforma Presvet, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, exige a los profesionales que notifiquen la prescripción de cada antibiótico dentro de un plazo de 15 días, o se enfrenten a multas que pueden ascender hasta 1.200.000 euros.

Este panorama de inseguridad y preocupación ha llevado a muchos veterinarios a unirse en la protesta, buscando apoyo entre los propietarios de mascotas y otros profesionales del sector. El objetivo es frenar la implementación de esta normativa o, al menos, que se modifiquen las partes más perjudiciales para la salud de los animales.