Los vecinos de La Moraleja cierran filas con el jefe de seguridad tras su despido: «No está justificado»

El despido del jefe de seguridad de La Moraleja ha despertado el desánimo de los vecinos que residen en la lujosa urbanización situada al norte de Madrid. José Antonio Rodríguez se ha quedado sin un trabajo que ejercía desde hace casi 30 años después de que la empresa gestora del complejo ejecutara el despido para, según dicen los rumores, beneficiar a Prosegur, OKDIARIO se ha desplazado hasta la zona para ver cómo se han movilizado los afectados.

Los vecinos de La Moraleja se quejan de que la destitución no se les ha «justificado» desde la Entidad de Conservación. Para ellos, esto deja en evidencia que «lo despiden para contratar a Prosegur», por los vínculos familiares entre ésta compañía y el gerente de la urbanización. Este último tiene a una cuñada como alto cargo de la conocida compañía de vigilantes.

También los propietarios de la urbanización están molestos porque ha sido un despido que se ha comunicado «de la noche a la mañana». Afecta a un trabajador histórico en el lugar que «nunca ha sido sancionado, ni ha recibido quejas de los vecinos», al contrario, «todo está correcto», de forma que es «todo bastante extraño».

Por su parte, el propio damnificado señala a OKDIARIO que esta decisión se ha tomado «por algún tipo de interés» que «todos» conocen, en alusión también a esa supuesta intención de que sea Prosegur quien preste el servicio en unos meses.

Asimismo, exponen argumentos con los que defender el buen hacer de José Antonio, que ha velado por su tranquilidad más de dos décadas, como indican los buenos datos de criminalidad. Por ello, las sospechas de que este movimiento está motivado porque «hay mucho dinero detrás» gana peso.

Baja delincuencia

Los vecinos verbalizan que se sienten «muy orgullosos del alto grado de seguridad» del que disfrutan «gracias a un servicio de seguridad excelente» y destacan la importancia de «la confianza» como base, precisamente, de la seguridad. Detallan que «a raíz de la entrada del nuevo equipo de gobierno de la Entidad de La Moraleja», ha estado «circulando un rumor de lo más preocupante: quieren cambiar a toda costa la seguridad de La Moraleja. Es un secreto a voces. En una entrevista a un medio local, el máximo responsable no lo pudo dejar más claro».

«Podemos decir que ahora nos sentimos seguros. Nuestros vigilantes llevan 5, 10 o hasta 15 años con nosotros. Conocen hasta el nombre de nuestros perros», han lamentado. Una queja que parece insuficiente, ya que el plan de contratar a Prosegur -una gran compañía donde trabaja Zaira Narváez, una cuñada del gerente de La Moraleja, Ramón Mingo, como directora de operaciones (COO)- y apartar a la seguridad actual sigue sobre la mesa, según esgrimen los vecinos.

Las condiciones laborales tampoco eran para tirar cohetes, como cuentan los propios vigilantes, que enviaron una carta a finales de mayo al jefe de seguridad ahora despedido, al que le hicieron constar su desmotivación provocada por las condiciones retributivas establecidas por el consejo de la urbanización, con la que decían no estar conformes.

En este aspecto, también recibieron el apoyo de los residentes, que apoyan que los vigilantes «estaban mal pagados por el anterior equipo de gobierno», con nóminas «por debajo de lo que se paga en otras urbanizaciones cercanas» que, ahora, se veían todavía más reducidas: «¿Cómo pretenden que la gente buena se quede? La excelencia se paga, en todos los sectores y trabajos. La Moraleja no puede permitirse el lujo de que la gente buena se vaya porque se les paga por debajo de lo que se paga en otros sitios».

El despido de José Antonio se ha justificado con un informe que recoge el encargo de una auditoria a la seguridad anunciada en la última asamblea de propietarios, por un coste de 10.000 euros. «Ese tipo de trabajos no cuestan más de 2.000 o 3.000 euros», indican.

Batalla en los tribunales

A partir de ahora se anticipa una guerra legal de primer orden. El ya ex jefe de seguridad de La Moraleja considera que ha sufrido un despido improcedente. Por su parte, los gestores de la urbanización defienden que todo es legal. Le han entregado un burofax con decenas de supuestos incumplimientos que el afectado desmiente. La Entidad de Conservación asegura que seguirán contando con la empresa de seguridad propia para la vigilancia de la urbanización. Han reemplazado a Jose Antonio con otro empleado que no cuenta con el favor de los vecinos consultados.