Madrid
Denuncia contra una edil de Vox

Interior disuelve a 3 personas con una bandera que esperaban la declaración de Irene Montero ante una juez

Agentes de la Guardia Civil han recibido la orden para desalojar a tres personas que portaban banderas de España y se han desplazado hasta los Juzgados de Collado Villalba para apoyar a la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, denunciada por Irene Montero por coacciones y acoso.

«¿Por qué no podemos estar en la puerta del Juzgado para apoyar a una persona?», preguntaban atónitos estas tres personas. Los agentes les han respondido que «por seguridad» debían desplazarse pero lo cierto es que los guardias civiles habían recibido esa «orden desde arriba sin mayor explicación».

Este viernes a las 12:00 estaba citada a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 la concejal de Vox en Galapagar, municipio en el que reside el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. También debía desplazarse hasta el lugar la ministra Irene Montero para testificar en calidad de denunciante, pero a última hora ha decidido hacerlo por videoconferencia.

Pese a que la ministra de Igualdad no ha acudido de manera presencial a declarar, dos agentes de la Guardia Civil y otros dos vestidos de paisano han permanecido en las inmediaciones del Juzgado vigilando la zona.

Las manifestantes han resistido a los avisos y se han quedado en la puerta del Juzgado mostrando su apoyo a la concejal de Vox porque –según han manifestado– «la calle es de todos y no pueden echarnos por llevar banderas constitucionales».

Denuncia por acoso

La ministra de Igualdad, número 2 de Podemos y pareja del líder del partido y vicepresidente del Gobierno, avanzó el pasado 23 de junio en televisión esta denuncia ante el juzgado de Instrucción de Collado Villalba contra Cristina Gómez Carvajal por «coacciones» y «acoso diario en su domicilio y redes sociales». Todo ello en el marco de las protestas que esas semanas se desarrollaron espontáneamente en torno al casoplón de la pareja.

Irene Montero denunciaba que la edil de Vox acudía a diario, durante el estado de alarma, a las inmediaciones del famoso domicilio para reproducir insultos y asegurar que «no va a parar» hasta que los líderes de Podemos abandonasen su domicilio particular y España. Censuraba los vídeos grabados por la concejal difundidos en Twitter con insultos, siendo cargo público en el Ayuntamiento de Galapagar, lo que a su juicio, «agrava e incide en la responsabilidad de su conducta».

En su denuncia, Montero incluía enlaces con tuits en los que se veían las protestas cerca de su domicilio. En uno de esos vídeos publicados, la concejal de Vox dice que es la «21ª cacerolada» y que «como todos los días no faltamos a nuestra cita».

Cacerolada contra el Gobierno en Galapagar.

En todo caso, lo cierto es que estas manifestaciones y caceroladas apenas pudieron acercarse al casoplón de la pareja que dirige Podemos puesto que la Guardia Civil desplegó un potente dispositivo en torno al mismo después de las primeras movilizaciones, llegando incluso a cortar la calle de forma permanente.

Al menos medio centenar de agentes de uniforme -y alguno más de paisano- vigilaban estrechamente la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero aquellos días y los alrededores: podían verse agentes hasta a 300 metros de la vivienda. Entre el grupo, según supo OKDIARIO de fuentes de la Guardia Civil, había al menos 3 suboficiales al frente que daban las órdenes diarias del despliegue y vigilaban que el operativo se realice sin complicaciones.