El Gobierno bloquea la devolución a sus países de 110 menas de Madrid que aprobó hace un año

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno la activación inmediata del retorno de 110 menores no acompañados a sus países de origen. Silvia Valmaña, presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia, ha exigido mediante un escrito al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que tramite de forma urgente las solicitudes de reunificación familiar aprobadas por el propio Gobierno hace más de un año y que, hasta la fecha, permanecen paralizadas sin que se haya iniciado ningún procedimiento.

La reclamación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso nace de un informe elaborado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre el estado de las solicitudes de repatriación remitidas al Ejecutivo central el pasado marzo de 2025. Dávila presentó este miércoles ante el Consejo de Gobierno una situación que calificó de grave e injustificable: los 110 expedientes en cuestión corresponden a procedimientos de reunificación familiar y, pese a estar tramitados y aprobados por la Comunidad, el Gobierno central no ha dado ningún paso para ejecutarlos.

Desde el Ejecutivo autonómico defienden que el retorno de estos jóvenes con sus familias y su entorno social es la opción más adecuada para garantizar su interés superior, tal y como establece el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo. Esta legislación atribuye en exclusiva a la Administración General del Estado la competencia para tramitar los procedimientos de repatriación de menores extranjeros no acompañados, lo que convierte la inacción de la Delegación del Gobierno en una dejación de funciones, según la Comunidad de Madrid.

De los 110 menores afectados, 40 han cumplido la mayoría de edad durante el tiempo que sus expedientes han permanecido sin tramitar, lo que cierra automáticamente la vía de protección a la infancia y complica de forma notable su situación administrativa y personal. Un escenario que, a juicio del Ejecutivo regional, podría haberse evitado si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera actuado en tiempo y forma.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid no se ha limitado a reclamar. En el documento remitido a Francisco Martín, el Ejecutivo autonómico advierte expresamente de que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas si persiste la inactividad o si se produce una negativa injustificada por parte de la Delegación del Gobierno. Una advertencia que eleva el tono del conflicto institucional entre ambas administraciones y que podría derivar en un litigio judicial.

La Consejería de Familia ha activado también la vía penal frente a quienes se han aprovechado fraudulentamente del sistema de protección. Hasta la fecha se han presentado 16 denuncias contra personas que accedieron a recursos públicos haciéndose pasar por menores de edad, en lo que la Consejería considera un presunto delito de estafa agravada. Las denuncias han dado ya sus primeros resultados con varias detenciones.