El podemita que dejó una deuda de 300.000€ a sus empleados ahora imparte cursos para emprendedores

Las empresas del fundador de Podemos en la isla de Fuerteventura José Luis Méndez Altozano han dejado deudas que suman cerca de 300.000 euros a sus empleados y a la Seguridad Social. Ahora, este candidato de Podemos se dedica a dar clases de «gestión financiera básica» para jóvenes emprendedores, organizadas por la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

José Luis Méndez es economista y ocupó el puesto número 5 de la candidatura de Podemos al Cabildo de Fuerteventura en las elecciones autonómicas de 2015. En su blog, se declara defensor de las «políticas keynesianas» para favorecer la creación de empleo mediante la inversión de las Administraciones públicas.

Tras dejar numerosas deudas en casi todas las sociedades por las que ha pasado, Méndez se ha incorporado ahora como profesor de gestión financiera al Servicio de Creación de Empresas impulsado por la Cámara de Comercio de la Isla.

Tal como explica este organismo, se trata de un programa para «ayudar al emprendedor en su toma de decisiones y en la implementación de su negocio. Está basado en una serie de encuentros con profesionales que ofrecen su visión y conocimiento en distintas materias como la fiscalidad, marketing y ventas, gestión empresarial y económico-financiera, innovación y tecnologías de la comunicación».

Asesoramiento para crear empresas

Todo ello, dentro de un servicio gratuito puesto en marcha para fomentar el autoempleo y la creación de nuevas iniciativas empresariales. Hace ya varios años, el candidato de Podemos impartió varias charlas organizadas por la Cámara de Comercio de la isla, como experto en gestión de calidad.

Como ha informado OKDIARIO,  el candidato podemita constituyó en junio de 1997 junto a su hermano, Carlos Méndez Altozano, la sociedad Consultores Canarios Control de Calidad y Asistencia Técnica SL, dedicada a dar apoyo técnico a las empresas de la construcción.

Ambos hermanos han sido apoderados y administradores únicos de esta compañía hasta que, en diciembre de 2009, un juez decretó su disolución debido al elevado volumen de las deudas que acumulaba y designó a un nuevo administrador para liquidar sus bienes.

Pocos meses después, en abril de 2011, el Juzgado de lo Social número 2 de Arrecife condenó a la empresa a pagar a uno de sus trabajadores 64.309 euros en concepto de atrasos del salario e indemnización por despido improcedente, más otros 10.289 euros como intereses de demora. En total, 74.598 euros.

Más deudas con la Seguridad Social

Un año después, en febrero de 2012, el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid condenó de nuevo a la empresa del candidato de Podemos a pagar 83.626 euros (más 11.288 de intereses) a otros dos trabajadores en concepto de atrasos y despido. El juez ordenó subastar los bienes de la empresa para poder pagar una parte de esta deuda.

En los meses siguientes, entre 2011 y 2013, los Juzgados de lo Social reconocieron el derecho de otros tres antiguos empleados a cobrar un total de 15.045 euros por el mismo concepto. La empresa del candidato de Podemos ya había sido declarada insolvente. Por su parte, la Tesorería de la Seguridad Social le reclamaba otros 7.300 euros en cuotas impagadas de sus empleados.

José Luis Méndez Altozano también había sido nombrado en septiembre de 2006 administrador y director económico-financiero de otra consultora, el Instituto Técnico de la Construcción de Canarias SL. Su hermano ocupa el cargo de administrador.

También en este caso, se han sucedido los pufos. Entre febrero de 2012 y octubre de 2013, los Juzgados de lo Social han condenado a la empresa a pagar un total de 50.000 euros a cuatro de sus trabajadores.

Un pufo tras otro

Desde junio de 2011, el economista y candidato de Podemos es además administrador mancomunado de la empresa Intercanarias Geotecnica y Medioambiente SL. Desde entonces, y hasta junio de 2013, la Seguridad Social ha cursado a esta compañía reclamaciones que suman 19.095 euros por cuotas impagadas de sus trabajadores.

El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó en febrero de 2013 embargar los bienes de la compañía para indemnizar con 38.765 euros a uno de sus antiguos empleados.