La juez reactiva la denuncia contra dos ediles de Cs por desviar 7.368€ del Ayuntamiento de Logroño

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha abierto la puerta para reactivar la denuncia que un militante de Ciudadanos (Cs) interpuso contra dos concejales de este partido en el Ayuntamiento de Logroño, por destinar a fines prohibidos 7.386 euros de su subvención municipal.

La juez archivó inicialmente la denuncia en octubre de 2017, por considerar que todo se debió a un «error involuntario debido a la inexperiencia» de los concejales denunciados sobre el funcionamiento de la Administración. Además, recalcó en su resolución que el partido ya reintegró a las arcas municipales el dinero que había utilizado indebidamente.

A instancias de la Audiencia Provincial de Logroño, la juez ha abierto ahora la puerta a reabrir la investigación, siempre que el denunciante se convierta en «acusación popular» y haga efectivo el pago de una fianza de 3.000 euros.

Enrique Echazarra, quien había formado parte de la Junta Directiva Regional de Ciudadanos (Cs) en La Rioja, denunció en enero de 2017 que su partido contrató como auxiliar administrativa a la concejal María Luisa Alonso, con fondos procedentes de la asignación que su Grupo Municipal recibe del Ayuntamiento de Logroño.

Culparon a la dirección nacional

Tras las elecciones, el interventor municipal había informado al portavoz de Cs, Julián San Martín, de que el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local prohíbe expresamente dedicar a la contratación de personal los fondos de la subvención que el Ayuntamiento otorga a cada partido para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Echazarra dirigió su denuncia judicial contra el portavoz municipal de Cs, Julián San Martín (que fue quien firmó el contrato), y contra la entonces edil María Luisa Alonso (que era al mismo tiempo la delegada territorial de Cs en La Rioja), como autores de un delito de malversación de fondos públicos. Pidió para cada uno de ellos una pena de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación.

Según la denuncia, la entonces edil María Luisa Alonso explicó ante una asamblea de afiliados que su contratación había respondido a «una directiva del partido, que no solamente era para La Rioja, sino para toda España, porque la intención era descargar las cuentas del partido de los cargos orgánicos para poder tener más dinero para la campaña». María Luisa Alonso atribuyó estas instrucciones al Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, que en aquella época se reunía en Barcelona.

Al conocer lo ocurrido, la Junta Directiva Regional de Ciudadanos en La Rioja dirigió una carta a la dirección nacional y al Comité de Garantías, en la que pedía que el dinero gastado irregularmente se devolviera de forma inmediata a las arcas del Ayuntamiento (tal como se hizo, en marzo de 2016). Sin embargo, la respuesta de la dirección nacional del partido naranja fue cesar en bloque a todos los miembros de la Junta Regional, para llevar a cabo una «reestructuración».

La juez ve un «error involuntario»

El denunciante pidió a la juez que tomara declaración al interventor del Ayuntamiento, a varios miembros de la Junta Directiva Regional de La Rioja destituidos desde Barcelona, a la tesorera del grupo Municipal de Cs, Nazareth Quijano, y a Fran Hervías, quien entonces era el secretario de Organización del partido naranja y hoy es senador, designado por el Parlamento andaluz.

En su declaración ante la juez, el interventor del Ayuntamiento se ratificó en que había informado a todos los portavoces municipales, también al de Cs, de la prohibición de contratar personal con los fondos de la subvención que el Consistorio otorga a cada partido. Aunque reconoció que existía una gran confusión entre las formaciones políticas sobre el destino de estos fondos.

Cuando el denunciante recurrió contra el archivo de la causa, la Audiencia Provincial de Logroño advirtió que se había producido un defecto de forma en todo el proceso: dado que la malversación de fondos públicos es un delito contra la Administración, señala la Audiencia en un auto dictado el pasado 14 de abril, Enrique Echazarra no está legitimado para personarse en la causa como denunciante particular. Sólo puede hacerlo si se constituye como «acusación popular».

En consecuencia, la juez instructora ha concedido ahora un plazo, que concluye la próxima semana, para que el denunciante presente una fianza de 3.000 euros si quiere seguir adelante con la causa.  Enrique Echazarra ha abierto un crowdfunding con el fin de intentar recaudar la cifra requerida: los 3.000 euros de la fianza y otros 3.500 euros para gastos de abogado y procurador.