Interior sobornó con fondos reservados al chófer de Bárcenas para rescatar documentos sensibles de Arenas, Soraya y Cospedal

El Ministerio del Interior sobornó en 2014 al chófer de Luis Bárcenas para recuperar documentos y grabaciones que se había llevado el tesorero del PP de la sede de Génova y que perjudicaban a Javier Arenas, vicesecretario general del Partido Popular; a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal .

La Moncloa solicitó al Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, la puesta en marcha de un operativo policial para rescatar los documentos confidenciales del partido porque podían ser utilizados por Bárcenas para presionar y chantajear al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. En aquellas fechas, el ex tesorero se encontraba en la cárcel de Soto del Real por la causa Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos (UAI) abrieron una pieza secreta hace meses para investigar un operativo policial que fue financiado con fondos reservados del Ministerio del Interior. La Fiscalía va a entregar a la Audiencia Nacional los informes con los documentos que demuestran la participación del conductor de Bárcenas en el papel de topo policial.

La operación policial para recuperar los documentos de Bárcenas fue dirigida en todo momento, según fuentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), por los comisarios José Villarejo, entonces adscrito a la Dirección General de la Policía, y Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información. Ambos montaron un importante dispositivo para recuperar la documentación en poder del ex tesorero.

Según Asuntos Internos era el propio Villarejo quien pagaba en mano al chófer de Bárcenas con el dinero de los fondos reservados que le facilitaban sus superiores.

Unas pistas facilitadas por el propio Villarejo

Las pistas para iniciar las pesquisas fueron facilitadas, involuntariamente, a los agentes de Asuntos Internos por el propio Villarejo. Los policías de la UAI encontraron hace un año en el domicilio del ex comisario, además de documentos y cintas, las facturas y los recibí firmados por el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con las cantidades percibidas.

Ríos, que había sido conductor de Francisco Granados mientras era consejero de la Comunidad de Madrid, pactó con los enviados del Ministerio del Interior un salario mensual de 2.000 euros al mes.

Villarejo, García Castaño y otros mandos de la cúpula policial están siendo investigados en estos momentos por un equipo especial de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía. Según las pesquisas de esta unidad, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, la documentación intervenida a Villarejo demostraría la existencia de una red paralela de la policía que siguió e investigó, extrajudicialmente, a Bárcenas y a su familia.

El dinero para financiar el espionaje político procedía de los fondos reservados del Ministerio del Interior, unos fondos que son aprobados en los presupuestos generales del Estado para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

Según fuentes policiales, el magistrado Diego de Egea, que instruye las diligencias de la operación Tándem contra Villarejo, abrirá una pieza separada contra los dos comisarios y otros mandos policiales. Las responsabilidades también puede afectar a altos cargos de la estructura política del Ministerio del Interior.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos están convencidos de que la misión policial secreta contra Bárcenas, que nunca fue judicializada, contaba con el visto bueno del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Unos documentos extrajudiciales

Las pesquisas de la UAI, la unidad policial que se dedica a investigar las irregularidades de sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, encontraron también en el domicilio de Villarejo, tras su detención en noviembre de 2017, varias cintas con grabaciones de los encuentros del ex comisario con sus superiores policiales y con su compañero del Cuerpo Nacional de Policía, García Castaño. El contenido de esas cintas sirven para constatar los sobornos al chófer de Bárcenas.

Según las fuentes de la UAI, el objetivo del plan policial era robarle a Bárcenas los documentos y notas personales que se había llevado de su despacho de Génova. El tesorero del PP había sido despedido de su cargo por la secretaria general María Dolores de Cospedal, tras ser investigado por Baltasar Garzón en la causa Gürtel por sus relaciones con Francisco Correa. Los policías utilizaron al chófer de Bárcenas para localizar el lugar donde el ex tesorero había escondido el material y rescatarlo. El conductor les desveló el domicilio de un taller donde trabajaba Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas.

La operación contra Bárcena, según fuentes judiciales, supone uno de los escándalo más graves del espionaje político en España: el uso de medios del Ministerio del Interior para satisfacer los intereses de un partido político que entonces estaba siendo investigado por la misma Policía por corrupción. El Ministerio del Interior se sirvió de la infraestructura policial y del dinero de los fondos reservados para ocultar pruebas que afectaban al entonces presidente del Gobierno.

El objetivo final no era la localización de las pruebas para judicializarlas sino retirarlas de la circulación para privárselas a los jueces.

El operativo contra Bárcenas, según una fuente judicial, sería equiparable al de las Escuchas del CESID –el anterior organismo del espionaje al CNI-, que estalló en la época de Felipe González, o el caso Faisán, mientras era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapateo. Entonces, desde Interior se perpetró un chivatazo a ETA, en el bar Faisán de Irún, para facilitar las negociaciones que había emprendido el Gobierno de ZP unos meses antes.