La deuda del marido de Carmena con sus empleados ya suma 209.000 euros

El arquitecto Eduardo Leira –marido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena- ya adeuda más de 209.000 euros a los antiguos empleados de su empresa, la firma I3 Consultores.

En un comunicado oficial difundido por Ahora Madrid el pasado 12 de mayo, la regidora de Madrid únicamente reconocía que un Juzgado de lo Social había condenado al gabinete de arquitectura de su marido por el “impago de salarios” a tres de sus antiguos trabajadores.

La juez Carmena no mintió, pero evitó cuidadosamente decir toda la verdad. Aunque “olvidó” mencionarlo, en realidad en aquel momento ya eran nueve los exempleados de su marido a los que la Justicia ha reconocido el derecho a cobrar las nóminas que les adeuda Eduardo Leira. Hasta el momento, ninguno de ellos ha conseguido cobrar.

El Juzgado de lo Social número 40 de Madrid condenó el 22 de julio de 2011 a la empresa de Leira a pagar 128.000 euros a los tres arquitectos mencionados en el comunicado de Ahora Madrid, que llevaban un año sin cobrar sus nóminas.

A lo largo de 2012, varios juzgados de lo Social reconocieron el mismo derecho a otros seis antiguos empleados de I3 Consultores (la mayoría de ellos arquitectos, pero también una secretaria), lo que dispara la deuda de Antonio Leira hasta los 209.040 euros.

Sin embargo, su firma de arquitectura no ha pagado esta deuda porque ha declarado concurso de acreedores y los Juzgados han reconocido su situación de insolvencia. Por lo tanto, como reconocía la alcaldesa de Madrid, tendrá que ser el Fondo de Garantía Salarial el que asuma el pago de esta deuda contraída por su marido, cuando se resuelva el proceso concursal.

La sentencia de julio de 2011 confirmó el doble fraude cometido por la empresa del marido de la alcaldesa de Madrid. Hasta 2010, mantuvo a estos arquitectos contratados como “falsos autónomos” o colaboradores, sin darlos de alta como empleados: trabajaban en las oficinas de I3 Consultores con un horario fijo de 40 horas semanales, pero no estaban dados de alta como empleados estables de la empresa. Una de las arquitectas demandantes se encontraba en esta situación irregular desde hacía cinco años.

A principios de 2010, Leira decidió hacerles un contrato indefinido, después de que el Colegio Oficial de Arquitectos advirtiera en una circular de que la Inspección de la Seguridad Social estaba realizando visitas a las empresas del sector para detectar este tipo de fraudes.

Para evitar una multa de la Seguridad Social, el marido de la juez Carmona incorporó a estos arquitectos a la plantilla el 1 de enero de 2010, pero con la categoría de “técnicos de cuentas”: por lo tanto con un sueldo inferior al que realmente les correspondía, según señala la sentencia.

Un doble fraude que, junto con el impago de las nóminas, constituye una “vulneración de los derechos de los trabajadores”, subraya la resolución judicial.

Ocho meses después, en agosto de 2010, la empresa dejó de pagar las nóminas “a causa de la crisis, que incidió como sabemos de forma especialmente intensa en el sector de la construcción”, aclara el comunicado de la alcaldesa de Madrid.

Porque, según la versión ofrecida por Manuela Carmena en la web de Ahora Madrid, que los nueve empleados de la firma de arquitectura se hayan quedado sin cobrar 209.000 euros en nóminas no es culpa de su marido, sino de “un modelo económico fallido cuyo mayor arquitecto es el señor Rodrigo Rato, exministro de Economía y responsable de la estafa de Bankia”.

Después de que la empresa de Eduaro Leira se declarara insolvente, los tres primeros empleados que habían conseguido una sentencia condenatoria presentaron una querella contra él y contra Manuela Carmena por un presunto de alzamiento de bienes.

Fundamentaban esta acusación en el hecho de que, en noviembre de 2010 (cuando ya adeudaba el salario de cinco meses a sus trabajadores), Leira había traspasado todo su patrimonio a su esposa, ejecutando así la separación de bienes que el matrimonio había pactado en 1999.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid decidió archivar la querella por considerar que no estaba suficientemente fundada. Los tres antiguos empleados de la juez Carmona desistieron de recurrir este auto, porque no podían hacer frente a las tasas y costes judiciales que el proceso les habría acarreado.