Daniel Ortiz amañó un contrato de 75 millones a Cofely tras abrir el sobre con la oferta de su rival

Un informe de la UCO de la Guardia Civil remitido al instructor del caso Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, explica cómo el diputado regional del PP en Madrid y ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, urdió una trama con la ayuda de concejales de su consistorio para adjudicar un contrato de 75 millones a Cofely el 20 de mayo de 2014 a cambio de 240.ooo euros en mordidas.

El informe al que ha tenido acceso OKDIARIO explica cómo Ortiz, siendo regidor de Móstoles, cometió presuntos delitos de fraude y cohecho ayudando a elaborar a Cofely un «informe anónimo» sobre los puntos débiles de solvencia económica de la empresa que mayor calificación tenía. Para lograrlo, mandó a un concejal abrir el expediente confidencial de dicha compañía y se lo entregó posteriormente a Cofely.

Para demostrar la implicación de Ortiz, los agentes de la UCO incluyen una serie de comunicaciones interceptadas vía telefónica, sms o correos electrónicos. La primera de las pruebas aportadas por los agentes es un email de septiembre de 2013 entre dos directivos de Cofely, Constantino Álvarez y Pedro García. Álvarez le cuenta a García que ha recibido una llamada del director de Infraestructuras del municipio porque «hay un compromiso con COFELY por parte del Alcalde y del Concejal».

El Ayuntamiento había convocado un concurso para adjudicar el suministro, el servicio y el mantenimiento energético al que se presentaron las compañías Fulton, Cofely y Dalkia. Las dos últimas son las principales investigadas en el marco de la trama Púnica protagonizada por el empresario David Marjaliza y el ‘popular’ Francisco Granados.

De hecho, ambas empresas se presentaron juntas en multitud de concursos presuntamente amañados en localidades madrileñas, a cambio de comisiones. En Móstoles, tras abrirse el segundo sobre de valoración del concurso, que evaluaba la valoración técnica y las mejoras, Fulton era la favorita con 182,76 puntos, seguida de Cofely con 172,06 y Dalkia con 140,50 puntos, respectivamente.

Según la Guardia Civil, fue entonces cuando Ortiz urdió una trama para eliminar a la compañía Fulton del concurso para que cofely fuera la adjudicataria. El entonces alcalde de Móstoles envió un sms al concejal de Infraestructura, David Sánchez del Rey, para que no abriera el sobre de la oferta económica y dominar así los tiempos de la adjudicación, en los que no tenía competencias: «No lleves mañana tema oferta económica… Ok?».

Además, intercambió otros correos electrónicos con el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, cuestionando la solvencia económica de Fulton. Su objetivo era conseguir datos financieros sobre su solvencia para eliminarla del concurso.

Para ello, el alcalde pidió al concejal Sánchez del Rey que abriera el expediente confidencial de Fulton y le entregara una copia. El edil fue sorprendido por las limpiadoras en el despacho donde estaba guardado dicho expediente. Otro sms entre el alcalde y el regidor corrobora la entrega de esta documentación: «Mañana creo que tengo la respuestas sobre la documentación que me diste…». Ortiz se la habría remitido a Cofely para que ésta evaluara las deficiencias financieras de Fulton y presentara en el ayuntamiento un «informe anónimo». Dicho informe fue utilizado en el consistorio para descalificar a Fulton del concurso y que lo ganara Cofely.

El informe de la UCO concluía que ha podido «obtener sólidos indicios probatorios del modo en que el ex alcalde Daniel Ortiz y el ex concejal Alejandro Utrilla habrían utilizado sus funciones públicas para influir en el desarrollo del proceso de adjudicación en beneficio de los intereses privados de Cofely, eliminando la concurrencia en igualdad de condiciones de los licitadores y vulnerando los principios de la contratación pública».

Ortiz, al borde de la imputación

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, recibió este informe de la UCO y días después pedía a la Asamblea de Madrid que acreditara la condición de diputado regional de Daniel Ortiz. Al ser aforado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sería el encargado de imputarlo por supuestos delitos de fraude y cohecho, momento en el que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, lo debería cesar en cumplimiento de sus compromisos.

Mientras tanto, Ortiz sigue desempeñando su actividad política como diputado en la Asamblea de Madrid y como portavoz del grupo municipal del PP en Móstoles.