El Campus de la Justicia de Madrid deja un agujero de 98 millones sin haber llegado a funcionar nunca

El Campus de la Justicia que debía erigirse en Valdebebas ha costado a la Comunidad de Madrid 98 millones de euros sin haber llegado a funcionar nunca, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas presentado este jueves.

De esta cantidad, 80 millones de euros públicos se ha invertido en obras. Con algunos ejemplos especialmente llamativos. El proyecto de las futuras sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha costado 19 millones de euros (la mayor parte de esta cifra, en honorarios de los arquitectos), sin que se haya llegado a colocar ni una sola piedra. Sólo el acto de presentación de ambas maquetas costó 80.000 euros.

El único edificio que está parcialmente acabado es el del Instituto de Medicina Legal: hasta el momento ha costado 22 millones, y sería necesario gastar seis millones más para que el inmueble quede acabado, según el órgano fiscalizador. La Comunidad de Madrid gastó otros 35 millones en las obras de urbanización de la zona.

La sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid SA (constituida en 2005 para ejecutar el proyecto y cuyo único accionista es la Comunidad de Madrid) gastó otros 2,7 millones de euros en personal. La empresa pública llegó a tener una plantilla de 13 empleados en 2009, con un sueldo medio de 5.000 euros al mes.

Una escultura que no existe costó 50.000€

Los técnicos de la Cámara de Cuentas citan algunos ejemplos: el Campus llegó a tener tres responsables de seguridad (uno de ellos cobraba 6.000 euros al mes), lo que no impidió que las instalaciones sufrieran numerosos robos. El director técnico de la empresa pública cobraba 8.752 euros al mes y el director financiero, 5.100 euros al mes.

A partir de 2008, la crisis económica provocó que el proyecto empezara a encallar y la empresa pública se vio obligada a reducir su plantilla: gastó 236.646 euros en rescisiones de contratos. En algunos casos, pagando una indemnización de hasta 60 días por año trabajado, lo que triplica lo previsto por la ley. Meses después de haber despedido a un empleado, la empresa pública le pagó un máster de 37.000 euros. Todo con cargo al contribuyente.

Mediante un concurso público (cuyo expediente ha desaparecido), la empresa pública de la Comunidad de Madrid pagó 50.000 euros por la realización de una escultura, que debía colocarse cuando las obras estén concluidas. La escultura no existe (o al menos los auditores no han encontrado rastro de ella), pero los 50.000 euros ya han sido pagados con dinero público.

Los responsables de la Cámara de Cuentas han dejado constando de la extraordinaria dificultad que han encontrado para desarrollar su labor: no han podido acceder a los contratos ni a los expedientes de despido del personal, no existía un inventario de bienes, la mayor parte de los gastos de explotación carecen de justificantes, los expedientes de las obras adjudicadas estaban desordenados en 432 cajas, la Agencia Tributaria se ha negado a facilitar datos a la Cámara de Cuentas alegando razones de confidencialidad.

Gastaron 5.000€ al mes con una Visa

Uno de los directivos de la empresa pública manejaba una tarjeta de crédito Visa Platino para sus gastos. Los auditores sólo han podido acceder a los gastos de esta tarjeta correspondientes a tres meses: el directivo gastó con ella 5.000 euros al mes. La empresa pública gastó 6,4 millones de euros en publicidad, de los cuales 4,5 millones carecen de expediente y justificantes.

La Comunidad de Madrid constituyó el 12 de enero de 2005 la empresa pública Campus de la Justicia SA para unificar en esta zona de Valdebebas las nuevas sedes de todas las dependencias judiciales sobre las que tienen competencias. Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre presentaron el proyecto, que debía abarcar 200.000 metros cuadrados de terreno, en septiembre de 2005. Sin embargo, la crisis económica obligó a rescindir el proyecto y la sociedad quedó completamente extinguida en 2015.

Según los planes iniciales, debían ejecutarse obras por importe de 355 millones de euros. Para financiarlas, la Comunidad de Madrid confiaba vender seis antiguas sedes judiciales por un valor de 200 millones. Sólo se llegaron a vender dos (la de la calle Fernández de la Hoz y los Juzgados de lo Social de la calle Hernani) por un valor conjunto de 75 millones, casi el doble de lo que se había estimado inicialmente.

Como ha informado OKDIARIO, el juez instructor de la trama Púnica, Manuel García Castellón, sospecha que al menos 250.000 euros de este proyecto podrían haber sido desviados a la financiación ilegal del PP.