Así funcionaba la trama de Lérida: «Diego, necesito que me hagas una factura de 122.875 euros»

El empresario de 81 años Diego Garzón Uribe, presunto testaferro del presidente de la Diputación de Lérida, emitió durante seis años «facturas a la carta», a petición de las constructoras que recibían adjudicaciones del político convergente Joan Reñé i Huguet.

Estas facturas suman un importe próximo a los 2,8 millones de euros y no se corresponden con trabajos reales realizados, sino que estarían destinadas a justificar el trasiego de dinero que las constructoras destinaban presuntamente al pago de comisiones ilegales a Joan Reñé y a su partido, CDC.

Habitualmente eran el administrador de la sociedad Enginyeria Inalba SL, Esteban Niubó Mir, o una persona de su departamento de contabilidad, quienes se dirigían por correo electrónico al presunto testaferro dándole instrucciones sobre los importes y conceptos de las facturas que debía emitir su empresa, Interiorismo y Reformas Profesionales SL.

«Buenos días Diego, necesitamos una factura a nombre de Enginyeria Inalba SL por trabajos de ayuda en el mantenimiento de las depuradoras del Pla de Urgell, en los meses de Abril y Mayo», indica un email enviado el 9 de diciembre de 2009 por el propio Esteban Niubó. El correo electrónico está dirigido al testaferro Diego Garzón e incluye los importes económicos que deben aparecer en la factura: un total de 18.376,72 euros, de los cuales 2.534,72 corresponden al IVA.

Elaboraban facturas ‘a la carta’

De acuerdo con estas instrucciones, Interiorismo y Reformas Profesionales SL emitió la factura solicitada, aunque indicó una fecha anterior al email: 30 de noviembre de 2009. Entre dicho año y septiembre de 2014, la empresa de Garzón emitió 12 facturas por supuestos trabajos de mantenimiento de las depuradoras, que nunca llegó a realizar, pues solo tiene dos empleados.

La factura sirvió para justificar un trasvase de dinero que, finalmente, habría acabado en manos de Joan Reñé i Huguet, quien en 2010 renovó por 22,5 millones de euros el contrato de explotación de estas depuradoras adjudicado a M y J Grúas, la constructora que ha reconocimiento en acta notarial haberle pagado comisiones ilegales.

En otras ocasiones era  una persona de contabilidad de Enginyeria Inalba, quien se dirigía directamente a Diego Garzón para pedirle la elaboración de una factura: «Buenas tardes Diego, necesitamos la siguiente factura con fecha mayo del 2012 a nombre de Enginyeria Inalba SL por trabajos de construcción en las obras del Segarra Garrigues».

El email está firmado el 10 de mayo de 2012 y señala un importe total de 79.660 euros. En este caso, la factura se fechó cuatro días después. La empresa de Diego Garzón cobró la cantidad estipulada mediante tres talones: uno del BBVA por importe de 25.000 euros y otros dos de La Caixa por importe de 25.000 y 29.659 euros, respectivamente.

A través de este sistema de facturas falsas, la empresa de Garzón facturó 226.639 euros a Enginyeria Inalba en 2010, 188.960 en 2011, 378.721 euros en 2012, 516.624 euros en 2013 y otros 219.923 euros en 2014, siempre por trabajos que no había realizado. En total, más de un millón y medio de euros en seis años, justificados mediante facturas falsas.

Era muy habitual que la empresa del testaferro de 81 años cobrara estas facturas mediante pagos fraccionados de distintas entidades bancarias. Así ocurre con la factura emitida por Diego Garzón a la empresa de Esteban Niubó el 10 de octubre de 2013 por un importe de 122.875 euros, utilizando el concepto «trabajos de construcción en el centro porcino de Torrelameu».

También en este caso, la elaboración de la factura había sido solicitada previamente: «Hola Diego, necesitamos la siguiente factura a nombre de Enginyeria Inalba…». Tal como muestra el tercer documento que reproducimos, la empresa de Diego Garzón cobró estos 122.875 euros en doce talones y transferencias de cuatro entidades bancarias distintas, entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre: cuatro de La Caixa (de 10.000, 11.500, 12.875 y 15.800 euros), tres del Banco Sabadell (de 10.000, 6.500 y 10.600 euros), dos del Santander (de 10.000 y 15.600 euros) y tres de la caja rural aragonesa Bantierra (por importe de 6.500, 7.900 y 5.600 euros).

Poco después de recibir los ingresos, estas cantidades eran retiradas de las cuentas de Interiorismo y Reformas Profesionales SL en metálico, presuntamente para destinarlas al pago de comisiones ilegales.