El alcalde de Galapagar dio el monopolio del agua al tío de su edil de Hacienda por 35 años

El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, retiró al Canal de Isabel II la gestión del suministro de agua y el alcantarillado en el municipio para adjudicarlo por 35 años, en un proceso lleno de irregularidades, a la empresa del tío de su concejal de Hacienda, Fernando Arias.

Se trata de Servicios Técnicos de Limpieza Industrial Miguel Arias SA (STLIMA SA), que tiene su sede en el mismo municipio. Sus administradores mancomunados son Mariano Miguel Arias (tío materno del entonces edil de Hacienda y titular del 45% de las acciones) y Felicitas de Castro Calvo (que tiene otro 45% del capital social).

En virtud de un convenio firmado en 1988, el Canal de Isabel II tenía las competencias para gestionar el suministro de agua potable, la depuración y la red de alcantarillado en Galapagar. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2013 el alcalde Daniel Pérez y el entonces presidente de Canal, Salvador Victoria, firmaron un acuerdo por el que el Ayuntamiento asumía las competencias sobre la distribución de agua y el alcantarillado en el municipio.

Se trataba del primer paso para privatizar este servicio que hasta entonces prestaba la empresa pública de la Comunidad de Madrid. El entonces concejal de Hacienda de Galapagar, Fernando Arias, convocó el 28 de marzo de 2014 el concurso para adjudicar, por un período de 35 años, la «gestión integral del ciclo del agua en régimen de concesión».

Al concurso se presentaron cuatro empresas: STLIMA, RECASA, PACSA y AQUALIA. Sin embargo, las dos primeras fueron excluidas en la primera fase del proceso, porque no cumplían los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. El equipo de gobierno utilizó entonces un informe del técnico municipal para dejar desierto el concurso alegando que las otras dos ofertas (las de PACSA y AQUALIA) resultaban económicamente inviables.

Así que cuatro meses después, el 29 de julio de 2014, el concejal Fernando Arias convocó un nuevo concurso para la gestión del ciclo de agua en el municipio, con unas condiciones muy similares. A las cuatro empresas anteriores se sumó esta vez la constructora OHL.

Y esta vez sí, el contrato fue adjudicado a STLIMA, la empresa cuyos propietarios tienen vínculos familiares con el mismo concejal de Hacienda que había convocado el concurso. El pliego de condiciones premiaba con 10 puntos a la oferta que tuviera oficinas propias en Galapagar (STLIMA era la única), por encima de otros criterios como los controles de calidad (3 puntos), según denunció en aquel momento Izquierda Unida (IU).

Para evitar incurrir en incompatibilidad por sus lazos familiares, la adjudicación no la firmó el edil Fernando Arias (que había convocado el concurso), sino el concejal de Urbanismo, Ángel Camacho Lázaro. En su oferta económica, STLIMA prometía pagar al Ayuntamiento un canon anual de 274.500 euros, equivalente al 30,5% de la recaudación del servicio.

Este contrato no sólo garantiza a la empresa del tío del ex edil de Hacienda el monopolio del servicio de agua y alcantarillado hasta el año 2049, sino también la ejecución de obras en la red en casi todo el municipio.

El concejal de Urbanismo, Ángel Camacho, explicó que este concurso proporcionará al Ayuntamiento unos ingresos de 11 millones de euros, mientras que la concesionaria se compromete a ejecutar una «inversión privada» de 6 millones para renovar la red durante los próximos 35 años.

En realidad, esta «inversión privada» la pagan los usuarios de las zonas afectadas en forma de cuotas extraordinarias. De este modo, los vecinos de la urbanización El Guijo de Galapagar han tenido que sufragar con 1,8 millones de euros las obras de renovación de la red de abastecimiento ejecutadas por STLIMA.

Como ha informado OKDIARIO, el entonces concejal de Hacienda Fernando Arias fue quien firmó la reserva de la parcela edificable con la que el alcalde Daniel Pérez ha dado un pelotazo de 60.000 euros, tras modificar sus condiciones urbanísticas desde el propio Ayuntamiento.

Daniel Pérez y su edil Fernando Arias crearon además en 2012 una consultora que cobró por asesorar al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para construir un tanatorio municipal. El autor de este informe de asesoramiento, Javier Rubio de Miguel, es al mismo tiempo el encargado de auditar las cuentas anuales de STLIMA, la empresa a la que el equipo de gobierno de Daniel Pérez ha dado el monopolio del suministro de agua y saneamiento hasta el año 2049.

STLIMA tiene un capital social de 6.101 euros. En el ejercicio 2017 declaró una facturación de 8 millones de euros y unos beneficios de 1,2 millones. La actividad principal de esta firma es el «transporte de residuos, inspección de tuberías, pocería, desatascos y limpieza».