El juez se plantea imputar a Cifuentes, González, Aguirre y Botella en la trama Púnica

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se plantea citar en calidad de investigados en la trama Púnica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sus antecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre y a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la imputación de estos dirigentes y exdirigentes del PP de Madrid «se concretaría tras las Navidades».

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia tiene encima de la mesa la petición de imputación de Cifuentes, González y Aguirre que presentó el pasado 20 de octubre el exconsejero madrileño, Francisco Granados.

La Fiscalía invitaba recientemente al exdirigente del PP a tirar de la manta: «Tendrá que ser el investigado, que ha venido desde el año 2003 compartiendo cargos públicos y políticos con las personas mencionadas por su letrado, el que introduzca el relato fáctico que avale, con indicios incriminatorios, la petición de imputación realizada». 

La citación de los tres populares se enmarcaría en la pieza de la Púnica donde se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid y contaría con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción en cuanto se acrediten los «indicios delictivos». Parte de estos indicios incriminatorios se habrían apuntalado ya gracias a uno de los protagonistas, Ignacio González.

El expresidente madrileño declaraba en los últimos días ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, y señalaba la responsabilidad de su mentora Esperanza Aguirre, como máxima responsable de la financiación del Partido Popular madrileño en las campañas electorales autonómicas y municipales de 2007 y 2011, investigadas en esta trama corrupta. También destacaba la importancia del papel jugado por el entonces gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez.

El otro testimonio que será clave para que el juez García Castellón cite como investigados a Cifuentes, González y Aguirre sería la declaración del propio Granados. Recientemente, el juez instructor aceptaba la petición de declaración efectuada por el exconsejero madrileño. Dicha comparecencia aún no tiene fecha, aunque previsiblemente tendría lugar tras las vacaciones de Navidad.

De esta forma, la comparecencia de Granados sería fundamental para que Anticorrupción se decida a solicitar al juez la citación como imputados de la actual presidenta madrileña y sus dos antecesores en el cargo.

En el mismo escrito presentado por Granados en octubre donde se solicitaba más de una decena de nuevas imputaciones, se argumentaba que Cristina Cifuentes fue “secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid desde 2004 hasta el 2008 y en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 fue además la responsable de dirigentes y movilización del Comité de campaña electoral del PP de Madrid».

Si el magistrado García Castellón da el paso de citar como investigada a Cifuentes tendría que inhibirse, ya que la popular es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto, está aforada. En mayo de este año, la UCO señalaba a Cifuentes por los contratos de la cafetería en la Asamblea de Madrid. Hace pocos días, la letrada y exjefa de los servicios jurídicos de la Cámara declaraba ante el juez por estos hechos y exculpaba a la presidenta madrileña.

Granados también justificaba en el mismo escrito la comparecencia de Aguirre como imputada afirmando que es “imprescindible y necesaria”, ya que se investigan las campañas de 2007 y 2011, en las que ella presidía el partido. Por último, en relación a la solicitud de imputación de González, se recordaba que en el mismo año 2011 éste “era director del Comité de Campaña del PP de Madrid”.

La cuarta citación en calidad de investigada que se plantea el juez García Castellón es la de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. En su caso, el magistrado estaría valorando su responsabilidad en relación a los contratos de reputación en Internet que también se investigan en la trama Púnica.

Dichos trabajos son considerados delito si se demuestra que son para beneficiarse “personalmente” y se sufragan con fondos públicos. No obstante, según los expertos, es «prácticamente imposible diferenciar en la reputación online si se está beneficiando a la persona o al cargo político que desempeña».