Segunda condena de cárcel para Sarkozy un día después de asistir a la convención del PP

La justicia francesa declaró este jueves al ex presidente conservador Nicolas Sarkozy culpable de financiación ilegal de campaña, tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012. Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República (régimen iniciado en 1958) en ser sentenciado a prisión firme (1 año), por corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Su defensa recurrió el fallo.

La condena de este jueves se produce en el llamado ‘caso Bygmalion’, que se sumergió en las cuentas de la campaña de la presidencial de 2012, que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande.

La presidenta del tribunal, Caroline Viguier, leyó el fallo antes de pronunciar las penas contra el exjefe de Estado, que no acudió a la lectura del veredicto, y contra los otros 13 acusados.

Al término del juicio celebrado en mayo y junio, la fiscalía había pedido un año de prisión, de los cuales seis meses de cumplimiento obligatorio, por esta campaña de «espectáculos a la estadounidense», en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse por ellos. Este exceso de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP) –actualmente Los Republicanos– y la empresa que organizó los eventos, Bygmalion.

A diferencia de las otras 13 personas que se sientan en el banquillo, al exjefe de Estado conservador no se le acusaba del sistema de doble facturación puesto en marcha, sino de «financiación ilegal de campaña».

En concreto, se gastó 42,8 millones de euros (unos 49,6 millones de dólares al cambio actual), casi el doble del límite legal.

«Es un cuento», aseguró Sarkozy durante el juicio. «Me gustaría que me expliquen en qué hice más campaña en 2012 que en 2007. ¡Es falso!», agregó.

El exmandatario conservador también tiene abiertos otros procesos. La justicia lo acusa de corrupción pasiva y asociación de malhechores, entre otros delitos, por la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.