La ONU dictamina que Assange fue «arbitrariamente detenido» y pide su libertad

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria ha dictaminado este viernes que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, «fue arbitrariamente detenido por los gobiernos de Suecia y Reino Unido». En un comunicado, sostienen que su reclusión en la Embajada de Ecuador en Londres debería terminar y se le debería conceder «el derecho de compensación».

La decisión ya había sido adelantada este jueves por la BBC y confirmada posteriormente por el Gobierno sueco. A su vez, el Gobierno británico había argumentado que Assange no está detenido, sino que ha evitado precisamente su arresto de forma «voluntaria» al permanecer en la Embajada de Ecuador en Londres.

Así las cosas, la Policía británica advirtió de que «la orden de arresto sigue en vigor», mientras que los fiscales suecos aclararon que lo que digan los expertos de la ONU «no tiene un impacto formal en la investigación en curso» contra Assange. Sin embargo, antes de dar a conocer este viernes el resultado de su investigación, el Grupo de Expertos aclaró en un vídeo que su decisión es «legalmente vinculante».

El caso Assange

Assange lleva recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político al país sudamericano. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, insistiendo en que tiene la «obligación legal» de extraditarle a Suecia.

El fundador de Wikileaks fue objeto en 2010 de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, de las cuales ya han prescrito tres, aunque aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020.

Assange solicitó asilo político argumentando que se encuentra en un «estado de indefensión» ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a Estados Unidos, donde supuestamente se está celebrando un juicio secreto, sin que Australia (su país de origen) lo impida.

El fundador de Wikileaks asegura que es víctima de una «persecución política» por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.