La Justicia dice que Alex Acosta «juzgó mal» por no procesar a Epstein siendo fiscal de Florida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comunicado este jueves que el secretario de Trabajo durante la Administración del presidente, Donald Trump, Alex Acosta (2017-2019) actuó de «mal juicio» cuando siendo fiscal del Distrito Sur de Florida decidió no procesar en 2008 al multimillonario Jeffrey Epstein por tráfico de menores.

La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia ha explicado que si bien la decisión de Acosta de negarse a iniciar un proceso contra Epstein no se sustentó en actos de corrupción, el hecho de resolver la investigación «a través de un acuerdo de no enjuiciamiento» fue un «mecanismo defectuoso» basado en el «mal juicio».

A su vez, la OPR también ha cuestionado que Acosta no notificase a las víctimas sobre la decisión de no presentar cargos federales en ese momento contra el multimillonario, puesto que al dejarlas «desinformadas», se «creó la impresión errónea de que el Departamento buscaba intencionalmente silenciarlas».

El que fuera años después secretario de Trabajo con el presidente Trump descartó un borrador de la acusación en la que se presentaban hasta 60 cargos formales contra Epstein, tras haber identificado a al menos tres docenas de víctimas, algunas de 14 años de edad.

Acosta renunció como secretario de Trabajo en julio de 2019, menos de una semana después de que Epstein fuera detenido y acusado de cargos federales por dirigir una operación de tráfico de menores y de abusos sexuales en Florida y Nueva York entre 2002 y 2005.

Ya en 2008, y tras reconocer su culpabilidad, un tribunal de Florida le condenó por prostitución de menores, aunque estuvo recluido tan solo trece meses, pero con la posibilidad de salir por motivos laborales, tras alcanzar un acuerdo. No sería hasta diez años después cuando se le detuviera por tráfico de menores y se presentaran cargos federales en su contra. En 2019 apareció muerto en su celda.

Pese a todo, la OPR insiste en que la decisión de Acosta formaba parte de «su autoridad» y que no se han encontrado «evidencias de que su decisión se basara en corrupción u otras consideraciones inadmisibles, como la riqueza, el estatus o las asociaciones de Epstein».

No obstante, matizan los investigadores, la postura de Acosta de firmar un acuerdo de no enjuiciamiento fue «prematura», ya que existían diversos términos que eran «inusuales y problemáticos» dentro del mismo y se hizo antes de finalizar todos los «pasos importantes de la investigación».