El fiscal Barbosa asegura que Petro «no es un presidente sino un dictador en Colombia»

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha asegurado el pasado viernes que Gustavo Petro «no es un presidente, sino un dictador», después de que dijera que era su jefe, en medio de un cruce de declaraciones en las que el primero acusó al segundo de estar poniendo «ataúdes» sobre los funcionarios judiciales.

«No es mi jefe, ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la Justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente sino un dictador en Colombia», ha dicho Barbosa.

El asunto comenzó cuando Barbosa acusó a Petro, por un lado, de presionar a los funcionarios del Ministerio Público, y por otro, de estar señalando a otros, después de que compartiera en sus redes sociales una noticia sobre la supuesta colaboración con el Clan del Golfo del fiscal Daniel Hernández.

Barbosa reaccionó duramente contra el ex terrorista y aseguró que estaba poniendo en la diana tanto a los fiscales como a sus familias. «Si le llega a pasar algo a la familia del fiscal Hernández, o al propio fiscal, (…) Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas», afirmó.

«Curioso que el presidente de la República se ponga a fijar tuits y acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él a través de una firma le solicitó al fiscal general hace cuatro meses soltar narcotraficantes y herederos de paramilitares del Clan del Golfo», dijo en un evento de la Universidad Javeriana.

Petro ha respondido a esto este viernes desde España, poco antes de poner rumbo a Colombia tras su visita de Estado, recordándole al fiscal que «olvida» que la Constitución establece que el presidente de la república es el jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, por tanto «se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado».

Asimismo, Petro ha señalado que con la reacción de Barbosa, el fiscal parece querer desviar la atención de una noticia del periodista Gonzalo Guillén, «que el resto de la prensa quiere evadir», y ha cuestionado si la Fiscalía-entre ellos el fiscal Hernández- conocía de antemano una lista con 200 objetivos del Clan del Golfo, tal y como sostiene estas informaciones.

El Tribunal Superior de Justicia

Más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha reconocido ver con «inquietud» las últimas declaraciones del presidente Petro, a quien han reprochado su «errada interpretación» del artículo de la Constitución en el que se establece la jerarquía y funcionamiento judicial.

De acuerdo con un escrito rubricado por el presidente del Tribunal, Fernando Castillo, Petro demuestra «desconocer la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la Democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho».

«Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones», añade Castillo en su misiva.

Finalmente, el Supremo ha recalcado que el fiscal general de la Nación «no tiene superior jerárquico y es elegido por el Tribunal Supremo de Justicia». «Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama Judicial».

«Mi familia saldrá del país»

En el marco de la polémica, el fiscal general de Colombia ha asegurado en declaraciones a la prensa que, ante las recientes declaraciones de Petro, su familia saldrá del país «por temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido hoy en Colombia».

Esta actitud hostil de querer controlar a la Justicia recuerda al caso español, donde el presidente Pedro Sánchez, en una entrevista de radio, reconoció que la Fiscalía depende directamente de las órdenes del Ejecutivo, práctica habitual en los regímenes sin separación de poderes y donde la democracia es de muy baja calidad, como ocurre en los gobiernos populistas bolivarianos y dentro de los miembros del Grupo de Puebla.