El dictador Maduro utiliza a la Fiscalía para investigar si el partido de Guaidó es una organización terrorista

«Hoy introdujimos ante la Sala Constitucional del TSJ, un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo», ha anunciado Saab en una comparecencia.

El jefe del Ministerio Público ha explicado que con ello pretende «determinar si Voluntad Popular es una organización terrorista» y, en ese caso, «si es susceptible de sanciones por este motivo».

El artículo 31 establece que «las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o por sus representantes».

Entre las sanciones que puede acarrear tal denominación, que recoge el artículo 32, están «la clausura definitiva de la persona jurídica», «la confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito» y la imposición de una multa.

Saab ha hecho un repaso de los hechos por los que, en su opinión, Voluntad Popular podría ser considerado una organización terrorista, desde el golpe de Estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en 2002 hasta la autoproclamación de Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela y la «incursión mercenaria» del pasado 3 de mayo en el marco de la ‘Operación Gedeón’. Ha llegado a decir que el partido político es una «trama neonazi».

«No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista (…) y que luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para el provecho de sus integrantes», ha denunciado.

Además, ha reiterado que la crisis humanitaria es culpa de las sanciones dictadas contra Venezuela por los aliados internacionales de Guaidó, especialmente de Estados Unidos, indicando que buscan una «implosión social» para propiciar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro. «Cuando hablamos de falta de alimentos, ya sabemos quiénes son los responsables, los factores de la extrema derecha que han alentado el bloqueo contra nuestro país», ha afirmado.

Con todo ello, el TSJ podría ordenar la disolución de Voluntad Popular. Algunos de sus líderes ya han sido inhabilitados para participar en elecciones por presuntos hechos de corrupción y el propio Guaidó está siendo investigado por delitos que irían desde la corrupción al intento de golpe de Estado.