Bachelet insta a Maduro a respetar los derechos humanos: «Los venezolanos merecen una vida mejor»

Varapalo de Michelle Bachelet a la dictadura de Nicolás Maduro. La alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha arremetido este jueves contra el régimen chavista, instándole a adoptar «medidas específicas» para «detener y remediar las graves vulneraciones» de los Derechos Humanos en Venezuela que ha documentado en un informe.

El organismo dirigido por la ex presidenta chilena cree que en los últimos 10 años, pero muy especialmente desde el año 2016, «el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

«Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos», precisa Bachelet, que también ha dicho algo que podría escenificar el resumen de su informe: «Los venezolanos merecen una vida mejor».

En concreto, señala la «paulatina militarización de las instituciones del Estado». En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, «tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones».

Llama la atención sobre las fuerzas especiales, el FAES, con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales «sorprendentemente elevada». Solo en 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos del FAES. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569. Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», alerta.

También culpa a los «grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos», de contribuir al «deterioro de la situación al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones». La oficina de Bachelet ha documentado 66 muertes durante las protestas celebradas entre enero y mayo, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad o a los colectivos.