España
'Caso Zapatero'

Zapatero declara al juez que no ejerció influencia alguna en la concesión de 53 millones a Plus Ultra para su rescate

El ex presidente ha negado durante su declaración cualquier vínculo con Dubái y con el contrato del 1%

Gritos de "¡chorizo!", "¡asesino!", "¡traidor!" y "¡sinvergüenza!" a la llegada del ex jefe del Ejecutivo

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, haber ejercido influencia alguna para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera el rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia.

En una declaración marcada por los monosílabos, el primer ex presidente en comparecer como investigado ante la Audiencia Nacional en toda la historia de la democracia española ha respondido únicamente a las preguntas del magistrado y de su propio abogado, Víctor Moreno Catena, negando los cargos con un reiterado «no sé» y «no».

La sesión ha comenzado a las 9:10 horas en la sala polivalente de la sexta planta de la Audiencia Nacional, en Madrid. Antes de iniciarse el interrogatorio, el juez Calama ha ordenado retirar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala para impedir filtraciones.

Zapatero ha llegado al edificio a las 8:49 horas por la puerta principal, acceso que él mismo solicitó y que el presidente de la Audiencia, Juan Manuel Fernández, ha aceptado, evitando así el paseíllo ante las cámaras. A su llegada le han dedicado gritos de «¡chorizo!», «¡asesino!», «¡traidor!» y «¡sinvergüenza!».

Según fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la declaración, Zapatero ha indicado al juez que no ha ejercido «ninguna influencia» para favorecer a la aerolínea Plus Ultra.

La intervención ha seguido, según fuentes presentes en la sala, la línea de la que hizo en el Senado: una exposición inicial de carácter general, seguida de un interrogatorio minucioso del magistrado sobre todos los detalles de la investigación, al que el ex presidente ha respondido con escuetas negaciones.

Durante el interrogatorio, Zapatero ha negado cualquier vínculo con Dubái y ha rechazado tener relación alguna con el denominado contrato del 1%. Ha descrito al empresario Julio Martínez Sola como un conocido que le hacía «encargos profesionales» y ha afirmado que no llegó a conocerle hasta 2024, situando así su relación muy por debajo de lo que sostiene la investigación.

Ha señalado que Inteligencia Prospectiva era simplemente «un cliente» y ha defendido que la empresa de sus hijas funcionaba con normalidad. No ha hecho ningún comentario sobre el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes. No ha respondido a las preguntas de las acusaciones.

Concluida la declaración, Zapatero ha emitido un comunicado en el que ha roto 29 días de silencio para proclamar su inocencia: «Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez». El expresidente ha anunciado que ha presentado al tribunal «una autorización universal voluntaria» para que pueda verificarse «la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo» con su titularidad directa o indirecta fuera de España, y ha prometido a los ciudadanos que dudan de él que «la verdad se abrirá paso».

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Calama la retirada de su pasaporte y la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado, medidas que el magistrado deberá ahora valorar.

‘Caso Plus Ultra’ y Zapatero

El juez Calama imputa a Zapatero ser el «vértice» y ejercer un «liderazgo no visible» dentro de una supuesta «estructura organizada y estable» dedicada al ejercicio ilícito de influencias.

En total, la causa contempla indicios de hasta siete delitos repartidos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública.

La prueba más comprometedora procede del volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, ex directivo de Plus Ultra también investigado, cuyo contenido fue analizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras una solicitud de cooperación jurídica internacional a Estados Unidos.

En esos mensajes, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, escribió que Zapatero «es pro Sánchez» y que «el fin justifica los medios», mientras que el exconsejero Reyes se refirió al ex presidente como «nuestro pana Zapatero» tras una reunión en el Ministerio de Transportes.

La defensa ha intentado que esos mensajes sean declarados nulos. El abogado Moreno ha argumentado que el objetivo es «verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la Policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal».

Las joyas: el segundo frente

El ex presidente ha tenido que responder asimismo sobre las 103 joyas incautadas el pasado 19 de mayo en el registro de su despacho de la madrileña calle Ferraz, entre las que figura un collar descrito como «cuajado de diamantes» con «dos esmeraldas de Zambia», además de 29 zafiros, 12 rubíes y otras 24 esmeraldas. La tasación encargada a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español ha arrojado un valor preliminar de 1,3 millones de euros, 26 veces más de lo que el propio Zapatero había estimado. Su entorno ha denunciado que esa valoración «se ha filtrado intencionadamente» a los medios.

La defensa había pedido aplazar esta parte de la declaración alegando el «brevísimo lapso de tiempo» entre la apertura de la pieza separada y la citación, pero el juez rechazó la petición al considerar que no suponía «merma real en su derecho de defensa».

La posible vía de escape que barajan los abogados del socialista pasa por demostrar que las joyas son regalos de monarquías árabes recibidos durante su etapa en La Moncloa, o por acreditar documentalmente que fueron adquiridas antes de mayo de 2021, fecha que marcaría la prescripción del delito fiscal a los cinco años. Una prescripción que, de no probarse, resultaría tan ilusoria como el propio valor que Zapatero atribuyó en su día a aquellas joyas.

La declaración se ha interrumpido con un receso de media hora al cumplirse dos horas de sesión. Al término del interrogatorio está prevista una vistilla en la que las partes propondrán las medidas cautelares que consideran oportunas, que podrían ir desde la prisión provisional hasta la simple obligación de firmar periódicamente ante el juzgado.