Yolanda Díaz gastará ahora 500.000 € en enseñar a los empresarios cómo aplicar su reducción de jornada

Yolanda Díaz destinará medio millón de euros a enseñar a los empresarios cómo se aplica la reducción de la jornada laboral, que ha sido aprobada este martes. El anteproyecto de ley, que tendrá que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, deberá continuar, posteriormente, con su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor, algo para lo que el Gobierno tendrá que negociar con todos los grupos parlamentarios.

Pese al largo recorrido que aún le queda a esta normativa, el Ministerio de Trabajo ha diseñado una campaña de publicidad institucional destinada principalmente a empresarios con el fin de informarles sobre los cambios que se deben producir en sus compañías cuando entre en vigor la reducción de jornada. Esta campaña comenzará en marzo de este mismo año, a pesar de que los trámites parlamentarios y la necesidad de alcanzar acuerdos con el resto de formaciones de la Cámara baja podría dilatar su aprobación más allá de esta fecha.

Las primeras reacciones en el Congreso muestran la oposición del PP, que ha afeado que la norma no se haya pactado con la patronal y ha calificado de «verdaderamente pobre» que se celebre como un éxito el hecho de que las dos partes del Gobierno, PSOE y Sumar, se hayan puesto de acuerdo. Para Vox, se trata de un «capricho más» de Yolanda Díaz que se ha «sacado de la manga» para «mantenerse en el candelero». Entre los apoyos, el de Compromís, que considera la norma «un hito histórico», mientras que en Sumar se muestran abiertos a negociar «lo que haga falta» para conseguir el voto de Junts.

De acuerdo con el texto del anteproyecto, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.

Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

Chivatos en las empresas

Yolanda Díaz busca suplir la falta de trabajadores de la Inspección de Trabajo favoreciendo los chivatazos dentro de las empresas. El ministerio del ramo va a destinar medio millón de euros a fomentar e informar sobre los diferentes métodos que tienen los empleados para denunciar a sus corporaciones. Así, mientras Díaz sueña con una red de ciudadanos vigilantes que se unan a su equipo de Inspectores de Trabajo, la realidad es que su propio ministerio es incapaz de manejar la carga actual de actividad.

El organismo de Yolanda Díaz realizará una campaña de difusión en medios de comunicación a partir del próximo 1 de marzo con el objetivo de que los trabajadores se conviertan en inspectores de trabajo, ante la latente falta de efectivos. El objetivo de este plan es «informar acerca de la función y el acceso a la inspección de trabajo, así como la denuncia y los diferentes métodos de comunicar irregularidades laborales al organismo», tal y como se recoge en el plan de publicidad institucional que llevará a cabo su ministerio.

Una maniobra con la que la vicepresidenta segunda del Gobierno busca que los ciudadanos que actúen como chivatos, para paliar la patente falta de personal que acusa el organismo inspector. Concretamente, según los últimos datos proporcionados por el sindicato de inspectores de trabajo, en la actualidad hay un inspector por cada 15.000 trabajadores o un inspector por cada 1.500 empresas. Una situación que empeorará en el caso de que Díaz consume su promesa de reducir la jornada laboral a 37,5 horas.