Yolanda Díaz exige a Sánchez un veto a Israel para que sus empresas no puedan ser contratadas en España

Sumar, la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte, que vete la participación de empresas de Israel en las licitaciones públicas españolas. El partido magenta ha pedido una reforma de la ley de Contratos del Sector Público para establecer cláusulas «que impidan el concurso de empresas de países con denuncias o sospechas fundadas de violación de los Derechos Humanos». Y vincula al Estado hebreo con estas prácticas, amparándose en una resolución de la Asamblea General de la ONU que llevaba por título: «Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado».

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado este viernes una proposición no de ley (PNL) relativa a «medidas preventivas y de actuación para garantizar la ayuda humanitaria y sanitaria en Palestina», presentada por Sumar. Los de Díaz califican la respuesta de Israel tras los sangrientos atentados del pasado 7 de octubre de 2023 en el que el grupo terrorista Hamás mató a más de 1.200 personas como «genocidio» y «violación de derechos humanos».

A ojos del partido coaligado con el PSOE en el Ejecutivo, el Gobierno «está llamado a cooperar y apoyar las iniciativas de boicot, desinversiones y sanciones contra la actividad económica de las empresas israelíes en nuestro territorio». Además, llama a actuar «contra la participación de Israel en todo tipo de eventos culturales y deportivos». Y también ha propuesto «suspender total y definitivamente el comercio de armas con el Estado de Israel y la adopción de medidas que impidan el tránsito de las mismas por nuestro territorio».

Sumar ha solicitado «reformar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público» así como su «legislación complementaria». La meta es establecer «cláusulas en los procedimientos de contratación que impidan el concurso de empresas de países con denuncias o sospechas fundadas de violación de los Derechos Humanos». Y en su PNL, acusa de esto directamente al Estado judío: «Es el caso del régimen de apartheid de Israel».

El precepto al que alude Sumar es un apartado concreto de la norma en la que se regula las condiciones de exclusión de una empresa. Es decir, cuando se presenta una oferta pública para contratar a una compañía a través de un concurso, se redactan unas condiciones entre las que puede estar impedir el acceso a esa licitación a ciertas sociedades por motivos concretos. La intención de Sumar es incluir por ley una condición que, de facto, impediría acceder a concursos públicos a empresas israelíes, según su proposición no de ley.

«Dificultar el acceso a ayudas»

Los de Yolanda Díaz incluso van más allá y  piden «establecer» otras leyes para «dificultar el acceso de las empresas israelíes a facilidades o ventajas legales, administrativas o económicas para instalarse y actuar en nuestro país». Y lo harían depender de las sociedades que «estén imputadas de colaborar con graves violaciones de derechos humanos». Es decir, pondría trabas para solicitar subvenciones a las empresas israelíes afincadas en España.

Concretamente, el partido de la vicepresidenta del Gobierno se ha apoyado en una resolución de la ONU impulsada para señalar a Israel y calificar sus acciones contra el terrorismo como «medidas ilegales». En ella se «exhortaba a los Estados» a aplicar «sanciones, incluidas la prohibición de viajar y la congelación de activos, contra las personas físicas y jurídicas que contribuyan al mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado». También pedía a los países, en ese escrito de Naciones Unidas, que adoptasen «medidas para asegurar que sus nacionales, y las empresas y entidades bajo su jurisdicción, así como sus autoridades» no presten asistencia o ayuda «para mantener esa situación».