Vox se querella contra Sánchez por «desvío de poder y fraude de ley» en la cesión del palacete al PNV

Vox ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los miembros del Consejo de Ministros por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La querella, registrada este pasado martes, también incluye al PNV como «partícipe a título lucrativo», según el documento al que ha podido acceder OKDIARIO en primicia.

Los hechos se relacionan con el Real Decreto-ley 9/2024 del 23 de diciembre, que pretendía transferir la propiedad del edificio situado en el número 11 de la Avenida Marceau de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV). El inmueble, valorado en más de 10,5 millones de euros, es actualmente propiedad del Estado español y sede del Instituto Cervantes.

Según detalla la querella, esta cesión contradice una sentencia previa del Tribunal Supremo de 2003 que ya había denegado la reclamación del PNV sobre este edificio. El documento argumenta que el Gobierno intentó eludir las previsiones legales contenidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas mediante un Real Decreto-ley que finalmente no fue convalidado por el Congreso el pasado 22 de enero.

Vox sostiene que la actuación del Ejecutivo constituye «una clara muestra de desvío de poder y fraude de ley», al intentar adjudicar un bien de titularidad pública estatal a un partido político sin seguir los procedimientos legalmente establecidos. La formación solicita diversas diligencias de investigación, incluyendo el interrogatorio de los querellados y la solicitud de documentación relacionada con el proceso.

La abogada Marta Castro, representante legal de Vox, ha explicado a OKDIARIO los fundamentos principales de la querella: «El núcleo de la acusación se centra en lo que Castro considera un «uso fraudulento» del Real Decreto Ley 9/2024, donde mediante una disposición adicional se pretendía establecer la transmisión directa del inmueble al PNV, incluyendo su inscripción en registros públicos», afirma. Según la letrada, este procedimiento contraviene la normativa básica sobre transmisiones de bienes estatales.

La abogada ha recordado que la reivindicación del PNV sobre este inmueble ya fue rechazada anteriormente tanto por el Tribunal Supremo español en 2003 como por los tribunales franceses en 1943 y 1951. «El Gobierno tiene perfecto conocimiento de que el PNV no tiene ningún derecho sobre el inmueble», ha enfatizado Castro.

El edificio, valorado en 10,5 millones de euros, podría estar en el centro de dos presuntos delitos según la letrada: por un lado, malversación y prevaricación, y por otro, una posible financiación ilegal de partidos políticos, ya que la legislación no contempla donaciones estatales a formaciones políticas.

A pesar de que el decreto no fue convalidado por el Congreso, Castro sostiene que «desde el ámbito penal, todos los hechos se han perfeccionado y la actividad se ha cometido», por lo que Vox continuará impulsando la investigación sobre este caso.

La abogada ha concluido afirmando que investigarán los posibles pactos entre el Gobierno y el PNV que pudieran estar relacionados con esta operación, calificando el intento de cesión como «un auténtico robo y una usurpación de la propiedad de todos los españoles». Según Castro, tanto el Gobierno que dispuso la transmisión como el PNV que iba a recibir el beneficio deben ser investigados por estos hechos.