Vox pide al juez que tenga en cuenta la confesión de la ex CEO de Twitter tras cerrarle la cuenta

La representación letrada de Vox ha presentado un escrito ante Juzgado de Instrucción Número 17 de Madrid, que tramita la querella que la formación presentó contra Twitter por el bloqueo de su cuenta durante la campaña del 14-F, para incorporar unas declaraciones en las que la ya ex directora general de la red social en España, la censo, vincula su salida del puesto con la política de gestión de cuentas de la compañía.

La Vicesecretaría Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, pide al juzgado que tenga en consideración que la dimisión de la ya ex directora general de Twitter España, quien, de acuerdo con las noticias publicadas, se ha producido «debido a su desacuerdo con la política arbitraria utilizada por Twitter para suspender cuentas de usuario», según informa la formación de Santiago Abascal en un comunicado.

Recuerda también en su escrito que el cierre censor de la cuenta de Vox en periodo electoral «afecta a los derechos fundamentales de la formación».

Recordemos que Nathalie Picquot permitió la suspensión de la cuenta de Vox en Twitter España en plena precampaña electoral en Cataluña. La red social cerró la cuenta de la formación de Santiago Abascal durante seis días. El argumento utilizado por la compañía estadounidense con sede en San Francisco fue que Vox había incumplido las reglas que prohíben las «conductas de incitación al odio».

La Vicesecretaría Jurídica de Vox destaca, además, que el «reconocimiento expreso» de la representante general en España de Twitter de la arbitrariedad en la decisión adoptada «atañe, sin duda alguna, al cierre de la cuenta de Vox». Por ello, la vicesecretaria jurídica ha reiterado la importancia de que se tome declaración a Picquot.

Escritos a la Junta Electoral y al Constitucional

Castro también ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central, donde está pendiente la resolución de la denuncia que Vox interpuso el 31 de enero, por afectar el cierre de la cuenta a la campaña de la candidatura presentada por el patido en las elecciones al Parlamento de Cataluña, donde argumenta que la propia responsable de Twitter «ha reconocido de forma pública que existe arbitrariedad en la aplicación de los términos y condiciones de la red social».

Además, la letrada denuncia que, en los últimos días, se ha alentado a la violencia y el odio por parte de dirigentes de otros partidos y «Twitter no ha procedido a la suspensión de la cuenta», mientras que la de Vox «ha sido suspendida en dos ocasiones por manifestaciones que no tienen comparación con actos violentos y que distan mucho de que pudieran ser calificadas de delito».

Castro también ha enviado, en la misma línea, un escrito al Tribunal Constitucional, para que lo incorpore al recurso de amparo presentado sobre el cierre de la cuenta de Vox, en enero de 2020, donde explica que «la incorreción de la apreciación realizada por el Juzgado de Primera y de Segunda estancia, para el archivo de la querella interpuesta».

Para la formación liderada por Santiago Abascal, la limitación de las funciones de su cuenta oficial en la red social le causó graves perjuicios contra su imagen y contra su capacidad de difundir su programa para los comicios» del 14 de febrero y vulneró su derecho al honor al imputarle «falsamente» un delito de odio.

La querella se presentó contra Twitter Spain S.L. y «todas aquellas personas que durante la preceptiva instrucción de la causa pudieran resultar responsables» de los hechos al considerar que «el bloqueo» de la cuenta de la formación supone «una lesión de sus derechos fundamentales, la imputación falsa de un delito de odio y la comisión de otro de injurias y calumnias».